COMUNICADO por LA OROYA COLEGIO DE SOCIÓLOGOS DEL PERÚ

De: "Raul Chacon" - eduardochacon@viabcp.com
Fecha: Sáb, 14 de Feb, 2009 7:55 am
Asunto: COMUNICADO por LA OROYA COLEGIO DE SOCIÓLOGOS DEL PERÚ




PRONUNCIAMIENTO DEL COLEGIO DE SOCIOLOGOS DEL PERÚ ANTE LA CRISIS SOCIOAMBIENTAL DE LA CIUDAD DE LA OROYA, PASCO Y EL VALLE DEL MANTARO





El Colegio de Sociólogos del Perú, frente a la aguda problemática socioambiental de La Oroya y el valle del Mantaro, a ocho meses del vencimiento del plazo para el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) ampliado de la empresa Doe Run Perú (DRP) y ante el impacto de la minera Volcan en Pasco, se dirige a las autoridades estatales y la opinión pública para expresar lo siguiente:



La investigación realizada el 2005 por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Saint Louis, Missouri, sobre contaminación por metales tóxicos y su impacto en la salud humana en La Oroya, encontró que 97% de los niños menores de 6 años de esa ciudad tienen niveles altos de plomo en sangre, así como el 19% de los niños, de la misma edad, de la ciudad de Concepción, ubicada a 100 km de La Oroya. Esto demostraría que la contaminación de La Oroya se ha extendido a otras zonas del valle del Mantaro. Asimismo, según el estudio del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, Atlanta, EEUU, realizado en Cerro de Pasco, sede de la minera Volcan, en mayo-julio del 2007, el 53% de los niños y 9% de mujeres en edad fértil tiene niveles elevados de plomo en la sangre.


En los años 2006 y 2007, el Instituto Blacksmith de los EE.UU. nominó a La Oroya como uno de los 10 lugares más contaminados del planeta, junto a Chernobyl – ciudad afectada por un desastre nuclear - y otros sitios gravemente impactados por la mano del hombre.




Durante ese mismo lapso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigieron al Estado peruano preocuparse por la salud de la población de la ciudad de La Oroya. Por su parte, entre el 2004 y el 2006, la mayoría de la población de La Oroya, ante los rumores del retiro de la empresa, se puso de parte de ella, y sufrieron intimidaciones los oroínos que denunciaban por los medios de comunicación la gravedad del problema y pedían mejoras ambientales.


En agosto del 2007, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) le impuso a la DRP una multa de 210 UIT (724,500 nuevos soles, de entonces) por infracción grave de la legislación ambiental vigente. La base de esta resolución se encontraba en el Examen Especial realizado al Complejo Metalúrgico de La Oroya en enero del 2007.




En febrero del 2008, la minera Volcan construyó en terrenos de la comunidad campesina de Rancas, Pasco, una planta complementaria de beneficio de minerales oxidados, destinada a procesar dos mil toneladas por día, sin tener un Estudio de Impacto Ambiental ni la autorización del Ministerio de Energía y Minas. Ante las denuncias de la comunidad, recién en agosto OSINERGMIN resolvió paralizar la obra y aplicarle una multa a Volcan.


En marzo del 2008, gracias a los aportes de expertos internacionales, le anularon a la DRP el certificado ISO 14001, adquirido en julio del 2006, por incumplir las leyes ambientales peruanas y por carecer de medidas adecuadas para evitar la contaminación.




El 13 de Agosto del 2008, en La Oroya la concentración del nocivo dióxido de azufre llegó a un nivel histórico y espeluznante: 27,000 ug/m3, siendo el nivel permitido de 13 ug/m3. Asimismo, según el informe del Proyecto El Mantaro Revive 2007, el arsénico en La Oroya Antigua tiene una concentración en el suelo de 4,713 ppm, siendo el nivel permitido de 12 ppm, y el cadmio, 193.87 ppm, siendo el nivel permitido 1.4 ppm, según el Canadian Environmental Quality Guidelines.


En setiembre pasado DRP inauguró la planta de ácido sulfúrico del Circuito de Plomo (la primera de las dos nuevas plantas proyectadas en el PAMA), con una inversión declarada de aproximadamente US $ 50 millones, que haría posible una reducción en las emisiones de dióxido de azufre del orden del 50%. Sin embargo, recién en diciembre la empresa anunció haber solucionado la totalidad de los problemas técnicos que involucran la operación de esta planta. Pese a ello, los pobladores no perciben aún mejoras en la calidad del aire.


En noviembre pasado el Consejo Directivo de OSINERGMIN declaró fundado en parte el recurso de apelación presentado por DRP en contra de la multa señalada, que fue reducida a la mitad. Esta decisión fue cuestionada por expertos ambientalistas peruanos.




En enero del 2009, la DRP postergó hasta junio del 2009 la renovación de contratos con varias empresas que daban servicios en su fundición, dejando sin empleo a 500 personas en La Oroya. Ante ello, el alcalde provincial de Yauli-La Oroya, César Gutiérrez, ofreció contratar a parte del personal desempleado por dos meses. Asimismo, hay quejas de trabajadores de planilla de la empresa de haber sido trasladados del área de talleres de mecánica a transportes y limpieza.


Ante esta compleja y dramática situación socioambiental que afecta, hace décadas, al medio ambiente y la vida de miles de personas en varias localidades de la sierra central, sin que se hayan tomado aún todas las medidas pertinentes para atender, prevenir y mitigar los impactos minero-metalúrgicos, demandamos a las autoridades y funcionarios estatales lo siguiente:



Fiscalizar eficientemente el funcionamiento de la planta de ácido sulfúrico del Circuito de Plomo, así como la construcción de la segunda planta del PAMA, a fin de evitar que se produzca el mismo problema que con su predecesora. Asimismo, fiscalizar el impacto socioambiental de la minería en Pasco y el respeto a la propiedad de las tierras de las comunidades vecinas, así como exigir el cumplimiento del pago de las multas impuestas a las empresas Volcan y DRP.


Exigir a la DRP que utilice tecnología actualizada como la que practica su ex matriz, Doe Run Company (DRC), en la fundición de Herculaneum, en San Luis, Missouri, o disminuya las toneladas de refinación.




Establecer que los daños ambientales y sociales, a partir de la privatización de CENTROMIN Perú, deben ser pagados por la empresa contaminadora, ya sea la DRP o la Volcan, de acuerdo al principio contaminador-pagador, puesto en vigencia en Europa desde 1972.


Garantizar que los pobladores de La Oroya y comunicadores nacionales que son críticos válidos de la DRP puedan expresarse sin ser amenazados o acosados por personal de la empresa, personas ligadas a ella o instancias del Estado.


Fiscalizar el trato que se le da a los trabajadores de planta de la DRP, y demandarle el diseño de planes de contingencia para mitigar y prevenir el desempleo temporal del personal contratado.


Atender adecuadamente los problemas de salud de la población de La Oroya y Pasco, especialmente de los niños, afectados por la contaminación minera-metalúrgica.


Hacer cumplir en La Oroya y Pasco las normas nacionales y los tratados internacionales que versan sobre el derecho a la vida, la salud y el medio ambiente.








Lima, Febrero de 2009