Problemática ambiental y de salud de La Oroya, 1997-2007

De: "Raul Chacon" - eduardochacon@viabcp.com
Fecha: Mar, 27 de Nov, 2007 6:59 pm
Asunto: Problemática ambiental y de salud de La Oroya, 1997-2007

Problemática ambiental y de salud de La Oroya, 1997-2007



La Oroya se encuentra ubicada a 3750 msnm en la cuenca alta del río Mantaro, provincia de Yauli, Departamento de Junín, a 176 km al este de Lima. Tiene una población de unos 20,000 habitantes (censo INEI, 2005). En esta zona se ubica el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), que es administrado por la empresa Doe Run Perú (DRP), propiedad del Grupo Renco, de origen norteamericano. Sin embargo, hasta abril de este año la DRP fue propiedad de Doe Run Resources de San Luis, Missouri. Anteriormente, el CMLO perteneció a la Cerro de Pasco Cooper Corporation, que lo construyó en 1922, y a Centromín Perú desde 1974, tras su expropiación por el Estado, hasta 1997, en que se privatiza. Por la metalurgia hubo desde el inicio una fuerte contaminación atmosférica y de suelos en la ciudad de La Oroya y en amplias zonas de la cuenca del Río Mantaro.



DRP es una compañía que se dedica a la extracción, fabricación y reutilización de metales. El CMLO procesa aproximadamente 600.000 toneladas métricas de concentrados, de los cuales 450.000 son polimetálicos con contenidos de metales preciosos y 150.000 son concentrados de zinc. Con éstos, produce 11 metales y 8 subproductos, siendo los principales plomo, zinc, cobre, plata y oro. La utilización de grandes hornos implica un problema ambiental grave, con las emanaciones de gases, que contienen dióxido de azufre, entre otros derivados.



DRP es una empresa en proceso de adecuación ambiental desde 1997. En diciembre de 1998, la empresa solicitó la modificatoria de su PAMA (Programa de Adecuación y Manejo Ambiental), la misma que fue aprobada en octubre de 1999, incrementándose sus inversiones de 107 a 168 millones de dólares. Desde octubre de 1997, DRP viene ejecutando los proyectos PAMA de acuerdo al cronograma establecido, que originalmente debía culminar en diciembre del 2006. En 1999 se inició un Programa de Mitigación y Control del impacto de las emisiones gaseosas y material particulado. Además, se han establecido varios Programas de Forestación y mejora de la jardinería en las diversas áreas verdes.



La contaminación sigue siendo causada por el CMLO, que emite elevados índices de plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre. El Estado peruano ha comprobado que más de un 99% de los niños que viven cerca al complejo sufren de intoxicación por plomo. El CMLO genera el 99, 7% de la emisión de contaminantes al aire. Las efectos de estos son: deterioro irreversible del sistema respiratorio; diferentes tipos de cáncer; daños en el sistema reproductivo, en el desarrollo y en órganos vitales. Los principales afectados son los niños menores de 6 años (cambios de conducta y en la actividad cerebral, agotamiento, daños en la piel, etc.) y las madres gestantes.

En abril del 2002, un grupo de ciudadanos pertenecientes a diversas organizaciones sociales locales funda el Movimiento por la Salud de La Oroya, a fin de defender el postergado derecho a la salud en la ciudad. Desde entonces reciben la asesoría y apoyo técnico de ONG, como Labor, CooperAcción, Filomena Tomayra, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y Red Uniendo Manos Perú, así como de organizaciones norteamericanas (OXFAM América, Iglesia Presbiteriana, etc), agrupadas en la Coalición Amigos de La Oroya. Asimismo, desde entonces sufren hostigamiento por parte de grupos afines a la DRP.

En diciembre del 2004, personal de DRP y el alcalde de La Oroya promovieron un paro de 48 horas para exigir al Gobierno que prorrogue el plazo del PAMA hasta el 2011. La respuesta del gobierno fue prepublicar una propuesta de decreto supremo que hacía posible esa postergación, así como la de otras empresas mineras que la solicitaran. La DRP mantuvo esa campaña hasta los primeros meses del 2006, aduciendo problemas financieros, pese a tener en realidad millonarias utilidades ese año.

En abril del 2005, el 22º Juzgado Civil de Lima ordenó al Ministerio de Salud del Perú (MINSA) y a la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), la implementación de medidas concretas para el mejoramiento de la crisis de salud pública en La Oroya. La sentencia determinó que MINSA y DIGESA han incumplido las leyes de salud aplicables. Adicionalmente, la juez declaró que el gobierno no ha tomado acciones para proteger la salud de los afectados, a pesar que numerosos estudios evidencian la crisis de salubridad en La Oroya.

En setiembre del 2005 se realiza el recojo de muestras de sangre a niños y adultos de La Oroya y Concepción, para el estudio sobre la contaminación ambiental y sus efectos en la salud humana, de la Universidad de San Luis, EE.UU., en convenio con el Arzobispado de Huancayo. Los voluntarios norteamericanos que realizaron ese recojo fueron agredidos verbalmente por grupos de pobladores de La Oroya afines a DRP.

En noviembre del 2005, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Earthjustice y el Centro de Derechos Humanos y el Ambiente (CEDHA), en representación de un grupo de ciudadanos de La Oroya solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomar acciones inmediatas para proteger el derecho a la vida y la salud de los residentes de La Oroya, Perú. En concreto, las organizaciones solicitaron a la Comisión que ordenara al Estado Peruano:

Proveer diagnóstico y atención médica adecuados a los habitantes de La Oroya;
Implementar programas de educación y salud;
Asegurar una apropiada evaluación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Manejo Ambiental” propuesto por la empresa;
Controlar efectivamente las emisiones atmosféricas del complejo;
Evaluar los niveles de contaminación en las casas; y
Tomar medidas adicionales para asegurar que los niveles de plomo en sangre de los residentes de La Oroya cumplen con los estándares internacionales de salud.
En mayo del 2006, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó, dicha solicitud, ampliando el plazo hasta octubre del 2009, pese a la campaña de incidencia internacional por la salud de La Oroya, realizada por diversas ONG.

En junio del 2006, el Tribunal Constitucional (TC) dispuso ordenar al MINSA, en el plazo de 30 días, implemente un sistema de emergencia para atender a las personas contaminadas con plomo en la sangre en el caso de la ciudad de la Oroya, debiendo priorizar la atención médica especializada de niños y mujeres gestantes, a efectos de su inmediata recuperación, bajo apercibimiento de aplicar las medidas coercitivas a que hubiera lugar. Así lo señala en la sentencia que declara fundada la demanda de cumplimiento, recaída en el Exp. Nº2002-2006-PC/TC. Del mismo modo, el TC ordena que el MINSA, a través de DIGESA, en el plazo de 30 días, cumpla con realizar todas aquellas acciones tendientes a la expedición del diagnóstico de línea base conforme lo exige el artículo 11º del Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, de modo tal que a la brevedad posible puedan implementarse los respectivos planes de acción para el mejoramiento de la calidad del aire en la ciudad de La Oroya. También se ordena al MINSA, para que en el mismo plazo, cumpla con realizar todas aquellas acciones tendientes a la declaratoria del Estado de Alerta en la ciudad de La Oroya conforme lo exigen los artículos 23º y 25º del Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM y el artículo 105º de la Ley Nº 26842. Finalmente, el TC exhorta al Gobierno Regional de Junín, Municipalidad Provincial de Yauli - La Oroya, MEM, Consejo Nacional del Ambiente y empresas privadas tales como la DRP SRL, entre otras, que desarrollan sus actividades mineras en la zona geográfica que comprende a la ciudad de La Oroya, a participar, urgentemente, en las acciones pertinentes que permitan la protección de la salud de los pobladores de la referida localidad, así como la del ambiente de La Oroya, debiendo priorizarse, en todos los casos, el tratamiento de los niños y las mujeres gestantes.

En marzo del 2007, se anuncia la presentación ante la CIDH del caso de La Oroya, por la violación a los derechos humanos derivados de las emanaciones tóxicas del CMLO. La petición interpuesta por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Earthjustice, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), busca establecer la responsabilidad del Estado respecto de la actividad metalúrgica que ha ocasionado graves impactos en la salud, la vida y la integridad de las personas, en particular de los niños, niñas y madres gestantes.



En abril del 2007, la CIDH remitió al Gobierno de Perú la petición de caso que denuncia violaciones de derechos humanos en La Oroya, Perú, dándole dos meses para responder. La petición sostiene que la contaminación severa del CMLO y la falta de acciones eficientes del Estado, amenazan gravemente los derechos humanos de la población, en particular a los derechos a la vida, salud e integridad. La CIDH concluyó que la petición, interpuesta por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Earthjustice, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y la SPDA, cumple con los requisitos formales, por lo cual la transmitió al Estado la semana pasada, otorgándole dos meses para enviar sus observaciones. Según el reglamento, pasado este término, la CIDH continuará evaluando la admisibilidad del caso, para concluir si hay violaciones de derechos humanos y responsabilidad del Estado Peruano. Asimismo, la Comisión continúa estudiando la solicitud de medidas cautelares urgentes para la atención de la salud de las personas. Dentro de las medidas cautelares, se han solicitado entre otros, brindar adecuado diagnóstico y tratamiento médico para las personas representadas, implementar programas de educación y acceso a la información eficientes, realizar un efectivo control de las emisiones y de la contaminación en la ciudad, y evaluar el estado de contaminación de zonas primordiales e implementar las medidas adecuadas de limpieza.



En junio del 2007, una delegación de lideres religiosos del Perú, integrada por monseñor Pedro Barreto, S.J., arzobispo de Huancayo; el reverendo Rafael Goto, presidente del CONEP, y Elías Szczytnicki, secretario general del Consejo de Líderes Religiosos de Latinoamérica y el Caribe de la Conferencia Mundial de Religiones para la Paz, viaja a los EE.UU. a fin de pedirle con argumentos éticos a los ejecutivos de Doe Run Resources y el Grupo Renco que tomen las medidas para disminuir los niveles de contaminación en La Oroya. No son recibidos por ellos, pero sí por los ejecutivos de Doe Run Perú en Lima, y consiguen colocar con fuerza en los medios de comunicación norteamericanos, y luego en los peruanos, la problemática de La Oroya.



El 26 de agosto se hizo pública la multa impuesta por el Organismo Supervisor de la Inversión en la Energía y la Minería (OSINERGMIN) a la empresa DRP por infracción grave de la legislación ambiental vigente, la cual asciende a 210 UIT (724,500 nuevos soles). Las infracciones cometidas fueron el superar los LMP de emisiones en el parámetro Partículas en dos puntos de control: “Chimenea Scrubber – Bismuto N° 1” y “Chimenea Scrubber Copela”, encontrándose que desde 1997 al año 2007 118 de 122 monitoreos superaron límites en el primer punto y 110 de 122 monitoreos superaron límites en el segundo punto; realizar vertimientos al Río Mantaro sin control ni autorización; realizar emisiones de Dióxido de Azufre sin medidas de previsión y control; realizar un transporte inadecuado de ferritas, y superar los Límites Máximos Permisibles de efluentes para el sector minero metalúrgico.



El 31 de agosto del 2007, la CIDH solicitó al Estado peruano la implementación de medidas cautelares urgentes para proteger la salud, la integridad y la vida de pobladores de La Oroya, Perú por la grave contaminación ambiental generada por el CMLO. Esta decisión beneficiará por ahora, a sesenta y cinco personas, incluyendo más de treinta niños en particular estado de vulnerabilidad y personas mayores que sufren de graves problemas respiratorios. En cuanto al contenido de las medidas, la CIDH ordena al Estado peruano brindar diagnóstico médico especializado para las personas afectadas por la contaminación de DRP. Al mismo tiempo, se solicita al gobierno proveer de tratamientos médicos especializados para cualquier individuo en situación de peligro de muerte o daño irreparable.



En setiembre, el Instituto Blacksmith de Nueva York vuelve a considerar a La Oroya entre los diez lugares más contaminados del planeta, junto a Chernobyl, al igual que en el 2006. Ese mismo mes, la DRP apela la multa de OSINERGMIN, aduciendo haber cumplido con la gran mayoría de sus obligaciones ambientales contenidas en el PAMA.



El 24 de octubre se cumplen los 10 años de la llegada de la DRP a La Oroya, celebrando la empresa con pasacalles en la ciudad y distintos concursos dirigidos a la población local. Paralelamente, la Red Uniendo Manos Perú junto a distintas instituciones (Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroamericanos, Ecología y Ambiente del Congreso de la República, la Universidad Continental de Huancayo, la Mesa de Diálogo Ambiental de Junín y el diario La Primera de Huancayo), promueve actividades de reflexión y análisis sobre la problemática salud y ambiental en la zona.



El 31 de octubre OSINERGMIN abre una oficina en La Oroya a fin de reforzar la realización de la supervisión permanente a la DRP, como establece el PAMA de la empresa, así como supervisar a las empresas mineras de la zona, que contaminan el lago Chinchaycocha y el río Mantaro.



Desde principios de noviembre, 60 trabajadores de construcción civil despedidos por DRP le demandan a la empresa su reposición, habiendo trabajando ellos más de cinco u ocho años, e incluso en áreas de producción, lo cual significa desnaturalización de su contrato.



El 14 de noviembre del 2007 se presentan en Huancayo los resultados preliminares del proyecto El Mantaro Revive, de la Mesa de Dialogo Ambiental de Junín. Se halló que el río San Juan, afluente del Lago Chinchaycocha; el río Yauli, afluente del río Mantaro, y el río Anticona presentan altos niveles de contaminación, por lo que serían los que más contaminan al río Mantaro. Asimismo, se señaló que el arsénico, causante de cáncer a la piel y al hígado, supera hasta en 393 veces el nivel permitido por los estándares internacionales en el suelo del valle del Mantaro, y otros metales como el cadmio, el plomo, el mercurio y el antimonio también superan esos estándares.



A la fecha, si bien el Estado peruano ha dado en La Oroya señales de cumplir mejor con las obligaciones de control de la actividad metalúrgica, aún no lo hace por igual en cuanto a la protección y atención de la salud de las personas afectadas por la contaminación.





Noviembre del 2007

Raul Chacon Pagan
Comunicador
Red Uniendo Manos Peru
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Cel. 93696769