Advierten la exclusión del acuerdo previo en la nueva Ley de Tierras y proponen su mención expresa y su reglamentación

De: "Raul Chacon" - eduardochacon@viabcp.com
Fecha: Vie, 7 de Nov, 2008 3:21 pm
Asunto: Advierten la exclusión del acuerdo previo en la nueva Ley de Tierras y proponen su mención expresa y su reglamentación

NOTA DE PRENSA

Lima, 07 de noviembre de 2008



Tras presentación del gabinete ministerial en el Pleno del Congreso.



Advierten la exclusión del acuerdo previo en la nueva Ley de Tierras y proponen su mención expresa y su reglamentación



La presentación en el Congreso del presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon en búsqueda del voto de confianza para el nuevo gabinete generó un debate que se prolongó por más de ocho horas y que no solo sirvió para que el flamante Premier exponga los seis pilares que marcarán su gestión –principalmente la lucha contra la corrupción- sino también para que algunos ministros, como el de Energía y Minas, Pedro Sánchez, aclare algunos cuestionamientos a su sector.



En ese contexto, se pidió al ministro detallar los acuerdos a los que se llegó en Sicuani luego de la reunión que sostuvieron la comisión de alto nivel del gobierno –encabezada por el propio Premier- y los representantes de la comunidad.



Según detalló el titular de Energía y Minas, se informó a la población que el Ejecutivo emitiría en los próximos días un decreto supremo en el que se aclara que el otorgamiento de una concesión minera -si bien se da para la exploración y explotación- no permite el inicio de dichas actividades hasta que la empresa obtenga la autorización previa del Ministerio, con la aprobación de los estudios ambientales correspondientes.



Asimismo, indicó que la norma pretende aclarar que, para iniciar dichas actividades, es necesario que la empresa cuente con el permiso de uso de tierras superficiales del propietario de las mismas, sea persona natural o comunidad campesina.



El ministro también sostuvo que, de no llegarse a obtener el acuerdo previo, se puede seguir un procedimiento de servidumbre que finalmente otorgue dicho derecho a la empresa sobre las tierras de las comunidades a cambio de un justiprecio.



Para el miembro de la Red Muqui, Javier Jahncke se debería prestar principal atención en este punto, pues si se equipara la servidumbre al derecho sobre todo el terreno superficial de un propietario se "estaría desnaturalizando la figura jurídica, que en realidad procede sólo si se utiliza una parte del terreno".



"Si se otorgara la servidumbre en el conjunto de las tierras de un propietario se estaría dando, en la práctica, una expropiación que sólo es posible por ley y para actividades de necesidad pública y seguridad nacional, que no es el caso de la minería. Pero además, debería asegurarse que el uso que se le dé al bien no lo inutilice o lo afecte de manera tal que no pueda servir para los fines a los que estaba destinado" manifestó el experto.



En otro momento, durante la intervención del ministro Sánchez, la congresista Cecilia Chacón cuestionó los acuerdos adoptados entre el gobierno y los pobladores de la provincia de Canchis por cuanto no tenía sentido emitir una norma sobre temas que ya están legislados en materia de minería.



Indicó que existe la Ley de Minería que trata la concesión minera y aclara que no permite "per se" la exploración y explotación. Al mismo tiempo, citó la Ley 26505 que establece la necesidad de un "acuerdo previo" con el propietario del terreno superficial, en el caso de tierras de comunidades campesinas.



En este sentido, el doctor Jahncke indicó que habría que precisarle a la parlamentaria que el Dec. Leg. 1064 establece la derogatoria de la Ley 26505 y que dicho decreto no hace referencia alguna al tema del acuerdo previo. Por lo que reafirmarlo es pertinente, pero además es necesario que éste se desarrolle en una norma.



"Sería injusto que el propietario, cada vez que sea necesario, tenga que presentar acciones constitucionales que garanticen su derecho de propiedad (acciones de amparo), cuando su derecho sobre las tierras esta reconocido en la Constitución. Por ello, creo que es necesario el reconocimiento normativo de la necesidad del acuerdo previo de la empresa con el propietario del terreno superficial", remarcó el miembro de la Red Muqui.



Reuniones irregulares



Otro tema que llamó la atención durante la maratónica presentación del gabinete ministerial en el Congreso, fue la denuncia que hiciera la congresista Rosa Venegas (UPP) sobre las reuniones que sostuvo el ministro Pedro Sánchez y representantes de las empresas mineras Antamina y Buenaventura que no fueron debidamente registradas como lo establece la Ley



Según informó la parlamentaria, la agenda del ministro, publicada en el portal del Minem, solamente informa sobre las reuniones con las compañías mineras el martes 4 y miércoles 5 de noviembre, respectivamente, mas no se indica el lugar, la hora, el motivo y la finalidad de los actos de gestión, ni el nombre de los funcionarios que acudieron al encuentro.



"El ministerio de Energía y Minas está violando la Ley 28024, que regula la gestión de intereses en la administración pública. Esta norma está reglamentada desde el 2003, por ello hay una responsabilidad bien grande en relación a los actos de corrupción. Si esta ley se hubiera cumplido, no se hubieran dado los hechos que involucraron al ex premier Jorge del Castillo y los demás ministros con el caso del petrogate", sostuvo la parlamentaria.



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Muqui "Red de Propuesta y Acción"
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