MINISTERIO DEL AMBIENTE iniciando el debate

De: "Carlos Rivera" - riverarua01@gmail.com
CC: red-peru@googlegroups.com
Fecha: Jue, 24 de Ene, 2008 10:21 am
Asunto: MINISTERIO DEL AMBIENTE iniciando el debate

EL TEMA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

(Algunas ideas básicas)

Carlos Herz S.



Ponerse de acuerdo en la creación del MA, pasa por tener claridad sobre varias cosas previas: que está pasando con el ambiente en el Perú, cuales son sus causas, que está fallando en las políticas y en la gestión, qué reformas deberíamos introducir, cómo hacerlo. Se necesita pues una cohesión básica sobre aspectos clave, para evitar luego dispersiones y polarizaciones en aspectos secundarios.

Un informe cuantitativo y cualitativo se hace indispensable. Por ejemplo, cuanto se necesita para resolver los pasivos ambientales dejados por la minería, que hasta donde trasciende son más de 900. Sobre esta base construir una visión y consensos para los próximos 20 años.

Contar en el país con una institucionalidad pública solvente y creíble que norme, fiscalice, capacite, organice, concerte y facilite en materia ambiental ha sido y es una inquietud permanente de quienes hemos estado de alguna manera involucrados en los temas del desarrollo sostenible.

Además de sus competencias y funciones desde ante también discutíamos sobre el tipo de institución más conveniente. Algunos estaban de acuerdo con un Ministerio, otros estábamos por una instancia estatal que no se vea obstaculizada por las decisiones de los demás ministerios. Finalmente lo que se conformó fue un Consejo Nacional del Ambiente que por diversas razones, propias y ajenas no ha estado a la altura de lo que significa el tratamiento justo y adecuado de los problemas ambientales, balance crítico que debiéramos hacer aprovechando este escenario político. Otros organismos sectoriales tampoco han cumplido a cabalidad con sus competencias y tienen sus cuotas de responsabilidad en el estado del medio ambiente en el Perú (INRENA, Direcciones Ambientales de los Ministerios, etc.) además de su comportamiento como juez y parte.

Ahora, a propósito de las exigencias de los demócratas del Congreso Norteamericano para cumplir con los requisitos que hagan viable el TLC recientemente aprobado, el Presidente Alan García entre sus tantas iniciativas individuales (recuerdo que su Ministro de Energía no estaba de acuerdo con esa propuesta), ha informado que propondrá la creación del Ministerio del Medio Ambiente.

Sin entrar en el detalle de las motivaciones para su creación, ni en las denominaciones de esta institución estatal, lo más importante es aprovechar esta decisión presidencial para retomar el debate sobre como entendemos la constitución de un organismo ambiental en el Perú:

1. El concepto medio ambiente no debiera ser entendido como algo temático o sectorial sino como una dimensión transversal e integrador, en el marco de un enfoque de desarrollo basado en la sostenibilidad de los ecosistemas y en nuevas relaciones entre las personas y el ambiente.

Si logramos entender este concepto, no solo será abordado y asumido desde el nuevo Ministerio sino que sería un componente clave en el marco de una reforma integral de Estado, de la creación de un sistema nacional de planeamiento estratégico, de los planes de desarrollo concertados y de las asignaciones presupuestales.

Si no logramos entender este concepto, el Ministerio será una instancia pública más, no solo cumpliendo acciones rutinarias sino sujetas a la buena voluntad de los demás sectores públicos, quizás llena de buenas intenciones no cumplidas.

2. En tal sentido, la creación de un Ministerio del Ambiente (obvio la palabra medio) puede ser la oportunidad para un gran debate nacional (bien llevado) en el cual se comprometan los diversos sectores públicos y privados. No debería ser un mero acto burocrático y legal sino el resultado de un mínimo de concertación de intereses sociales, económicos, culturales, así como de la determinación de formas de tratamiento de los conflictos socioambientales que seguro surgirán en el tiempo. En especial deberíamos considerar como marco general, las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, particularmente la política sobre desarrollo sostenible (si mal no recuerdo) y también la recién promulgada nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo-Ley No 29158 del 20/12/07.

Además, la propuesta es oportuna y coincidente en el tiempo con el discurso de responsabilidad social y ambiental que crecientemente vienen promoviendo diversos inversionistas nacionales y extranjeros, poniendo a prueba esta preocupación empresarial en el marco del desarrollo sostenible que podamos concertar. Habría que distinguir entre quienes asumen la responsabilidad social y ambiental por convicción y los que lo hacen por táctica.

Es la oportunidad de promover un cambio de actitud del Gobierno y de los empresarios de las industrias extractivas, para un acercamiento y diálogo con el sector de las ONGs y las organizaciones sociales de base ambientalistas, para establecer reglas de juego mínimas pero también dejar claras las diferencias y las posibles formas de irlas atendiendo en el camino.

3. Desde la lógica de una instancia pública nacional de respeto y autoridad por los diversos sectores públicos y privados, la propuesta que alguna vez enarbolamos consistía en un organismo autónomo, con una dirección designada por consenso (pudiendo ser congresal o presidencial), no sujeta a los vaivenes de la política cotidiana, con capacidad técnica probada y con mecanismos de control, regulación, vigilancia y gestión efectiva de conflictos. Desde el esquema de una instancia ministerial señalábamos que se corría el riesgo de las limitaciones sectorialistas y verticalistas que caracterizan a los ministerios, y la probable carencia de decisiones vinculantes frente a otros ministerios.

El tema de una institucionalidad autónoma, descentralista, vinculante, rigurosa y consensuada, solo puede ser posible si no nos limitamos a los marcos de un Ministerio del Ambiente sino a la creación de un Sistema de gestión Ambiental y de los Recursos Naturales, de tal forma que se puedan contar con organismos complementarios que cumplen desde sus competencias con esas características (ordenamiento territorial, evaluación de impacto ambiental, vigilancia y control, etc.) y que posea una efectiva capacidad técnica y política con competencias en los tres niveles de gobierno.

Además, los espacios de poder se ganan o se pierden, según diversos contextos y condiciones. En este caso no esperemos que desde los actuales espacios públicos se generen situaciones rápidas de cambio de conciencia sobre las implicancias de un desarrollo sostenible. Como tampoco contamos con una sociedad civil y una ciudadanía capaz de promover estos procesos de cambio de políticas y de actitudes. El realismo debe primar en estas circunstancias, y aun cuando tengamos claridad de lo que debiera hacerse en el futuro, el presente nos pone delante a una iniciativa de creación de un Ministerio que de por sí, ni mucho menos solucionará los problemas ambientales que afectan el crecimiento y desarrollo del país.

Quizás una solución paliativa, y aunque no me guste la comparación, podría ser como ocurre actualmente con el Ministerio de Economía y Finanzas. No es un ministerio más, por éste pasan muchas decisiones que deben ser acatadas por los demás ministerios, simplemente porque manejan la caja y la plata del país. Igual valor vinculante podría darse al Ministerio del Ambiente, con una notable pequeña diferencia: hacerlo a través del diálogo y del convencimiento a los demás sectores sobre las ventajas que tiene para el país y el futuro de su gente gestionar bien el ambiente.

4. Señalamos algunos otros aspectos que podrían ayudar a que el nuevo Ministerio del Ambiente funcione de verdad y no sea solo una reacción funcional y temporal a las exigencias de poner en práctica el TLC:

o En primer lugar debiéramos partir de un diagnóstico integral, de la revisión y formulación de políticas públicas acompañado de la adecuación del marco normativo, la revisión de los instrumentos (incluyendo los tributarios, impuestos y/o exoneraciones, cuando corresponda) y la creación de sistemas y programas (incluyendo la investigación científica y tecnológica), la redistribución de competencias y funciones, el desarrollo de capacidades, los alcances de la participación ciudadana y sus diversos instrumentos y mecanismos. Considerar también la formación de una burocracia calificada en el marco de la reforma de la carrera publica.

o Retomar de inmediato el plan de ordenamiento territorial y ambiental del país, que defina el uso de los diversos espacios y las condiciones para hacerlo, en el marco del sistema nacional de planeamiento estratégico que debiera establecerse de una vez en el país y del proceso de descentralización . Yo me imagino un plan que cuente con sus instrumentos de información tan claros y precisos que simplemente abriendo una página Web encuentre la ubicación de cada sitio y de las posibilidades de su aprovechamiento para diversos fines, así como lo que no se pueda hacer con una clara argumentación ambiental, social, cultural y económica. Y punto, no más reclamos ni tensiones.

o Establecer los mejores y más funcionales instrumentos para poner en práctica la gestión del ambiente en condiciones de equidad para los diversos actores. Esto implica, por ejemplo, revisar la forma de elaboración y pertinencia de las evaluaciones de impacto ambiental (EIA). En la forma, para que sean realmente comprendidos y no constituya un mero formulismo. En cuanto a su pertinencia, hasta ahora sucede que ante la ausencia de planes de ordenamiento, las EIA son documentos que justifican la inversión prevista si o si. No conozco particularmente casos en el que la EIA determine la no conveniencia de la actividad económica en ciernes.

o Generar los más efectivos instrumentos de información y generación de datos que ayuden a gestionar el ambiente y hacer los correctivos del caso cuando se requieran. Por ejemplo, no puede ser que en pleno siglo XXI con tantos softwares para medir inventarios y saldos (utilizados cotidianamente entre otros, por los supermercados) no podamos conocer a exactitud o cercano a ello, los metros cúbicos de madera, principalmente caoba y cedro, que se extrae de nuestra Amazonía y cuales son las existencias que restan, y que además se sigan utilizando documentos de autorización para la extracción de madera de lotes forestales en los que ya hace tiempo debió agotarse tal recurso. Cuando es conocido que tales documentos solo son formalidades para justificar saqueos forestales de otras áreas no autorizadas, ante la vista y paciencia de todo tipo de autoridades. Habría que rescatar la idea de que anualmente, las autoridades nacionales (Presidente de la República), presidentes regionales y alcaldes, darán cuenta sobre los avances y dificultades en la gestión ambiental.

o Contar con mecanismos de control, vigilancia, seguimiento y evaluación adecuados y probados por su calidad técnica y ética, cuyos informes sean contundentes para la gestión ambiental (informes, estadísticas, correctivos, sanciones, estímulos, etc.), con claridad en sus competencias. En este aspecto hay que considerar la relación con universidades, empresas privadas, ONGs, etc. en base a un sistema de certificación y acreditación que garantice estándares de calidad y de probidad. Considerar sanciones innovadoras a los infractores al medio ambiente (trabajos comunales, por ejemplo).

o Descentralizar la gestión del Ministerio contando con dependencias regionales articuladas a los Gobiernos Regionales y locales también, con equipos técnicos apropiados y con remuneraciones acordes a sus funciones y competencias. Las experiencias previas iniciadas desde instancias como CONAM de contar equipos descentralizados es importante retomarlas en el marco de sistemas de gestión ambiental que convoque a las autoridades regionales, locales y las instituciones y organizaciones de la sociedad civil e incorporadas a los procesos de planificación regional y local.

o Revisar el actual funcionamiento y las competencias de tantos organismos sectoriales relacionados al ambiente (Direcciones Ministeriales y afines), a la par que evaluar su desempeño en términos técnicos y éticos y su relación con el nuevo Ministerio, pero de tal forma que no constituyan burocracias ineficientes ni costosas sino que devengan en instancias funcionales conformadas por equipos técnicos designados de acuerdo a méritos, mediante mecanismos transparentes, y apoyadas por instrumentos modernos antes señalados así como por los organismos de control y regulación.

o Conformar equipos adhoc y experimentados en el tratamiento y gestión de conflictos, mediante procesos ágiles, transparentes y equitativos. Es evidente que ante una gran carencia de instrumentos o mecanismos de gestión concertada del ambiente habrá todavía más conflictos y tensiones. De allí la urgencia de actuar sobre los marcos que definan las reglas de juego en el manejo ambiental, aunque eso implique un poco de tiempo, antes que estar permanentemente atendiendo decenas de pequeños conflictos que de hecho van a afectar más la gobernabilidad y el desarrollo. Trabajar efectivamente las políticas y programas de educación ambiental formal y no formal.

o Un Ministerio del Ambiente con estas características no puede actuar sin la presencia de los demás sectores sociales y económicos, no solo mediante espacios de coordinación y concertación permanentes sino de vigilancia de la gestión y de manera descentralizada. Requerimos en este tema un Ministerio concertador y facilitador cuyas normas sean claras y lo más consensuadas

5. El Presidente ha señalado que la creación del Ministerio del Ambiente no irrogará mayores gastos al país, y la primera reacción de algunos sectores ha sido el de no querer mas burocracia. Mas allá de estos criterios generales de austeridad es un serio error afirmar que la creación y funcionamiento del Ministerio del Ambiente no va a significar egresos al fisco, cuando sabemos que toda reforma tiene costos necesarios, debiendo primar el del interés nacional, de los grandes costos que implica para el país recuperarnos de los pasivos ambientales, de las destrucciones de importantes recursos naturales, de la pérdida de un patrimonio ambiental que puesto en valor implicaría generación de ingresos, empleos, estabilidad social, identidad nacional y local, bienestar para la gente, calidad de vida. Por ejemplo, más costoso que incrementar el número de guardaparques y mejorar sus magros sueldos, es la degradación del ambiente, la pérdida de biodiversidad y su correspondiente daño a la ecología y al desarrollo local, el tráfico ilegal de madera, entre otros.

En este marco la creación del Ministerio del Ambiente puede ser la oportunidad para empezar la modernización de la gestión pública, con el personal suficiente pero idóneo, evaluado en su eficiencia, con servicios contratados del sector privado, con organismos mixtos reguladores y de permanente vigilancia y gestión de conflictos, con sistemas transparentes de gestión y de información, entre otros. Todo ello como parte, una estrategia de transición, gradual, por etapas, con resultados claros.

6. Hemos partido señalando que el tema ambiental es la entrada a un enfoque articulador basado en el desarrollo sostenible. Somos muy concientes que eso implica primero una gran decisión política, una suma de voluntades dispuestas a poner en práctica este gran desafío y un cambio de actitudes y aptitudes de todos y todas en el plano de la sociedad.

De allí que la creación del Ministerio puede ser una oportunidad para promover un plan nacional de desarrollo de capacidades basado en un ambiente sano, en nuevas relaciones entre las personas y de éstas con su ambiente, en la comprensión de la importancia de un recurso natural puesto en valor pero gestionado en función de las actuales y futuras generaciones. Es parte de toda una reforma en los contenidos educativos y en las prácticas de gestión pública.

7. Finalmente, más allá de una serie de recomendaciones, sugerencias, buenas intenciones y quizás hasta utopías señaladas en este documento, invocamos cambios en dos sectores claves. Y lo hacemos con el ánimo de que pueda contribuir posteriormente a hacer más viable el necesario diálogo y consenso que debiera existir entre tales actores que facilite la creación de un Ministerio del Ambiente tal como lo hemos estado concibiendo.

A las organizaciones sociales involucradas con el medio ambiente, invocamos que asuman un papel más proactivo, que vuelva a recuperarse el interés por la renovación de enfoques en el desarrollo, que se supere la evidente marginalidad del tema ambiental en la agenda social y política, que se genere una mayor opinión pública favorable a estos procesos y que se establezcan nuevas entradas al tratamiento de la defensa y conservación del patrimonio ambiental, poniéndolo en valor, sin temer a la presencia de la inversión privada siempre y cuando ésta se de en condiciones de sostenibilidad y de mejoras en la calidad de vida para las poblaciones actuales y futuras. Creemos que en muchos casos la pérdida de biodiversidad y de bienes y servicios ambientales por acción de diversas formas de intervención pública y privada han sido hechos que han podido de alguna manera contrarrestarse y quizás evitarse si hubiera existido una efectiva movilización social sustentada en argumentos más sólidos sobre las implicancias negativas de tales intervenciones y, por el contrario, de las potencialidades económicas, sociales y culturales de su gestión sostenible. Mayor rigor técnico, mayor argumentación de las ventajas económicas del patrimonio ambiental para el desarrollo nacional y local y mayor participación política de los ambientalistas, creemos que son exigencias y desafíos del momento.

A las empresas que han expresado su propósito por una responsabilidad social y ambiental, y por que no a todas, invocarles que se constituyan en parte de los actores efectivos del desarrollo del país. No solo porque aportan con impuestos, empleos y otros mecanismos pecuniarios y porque respetan en general las leyes nacionales, sino también porque no son ajenas a las prácticas consuetudinarias locales, se integran a los procesos de gestión del desarrollo local aceptando los instrumentos y mecanismos de participación, consulta y decisión, así como valoran y contribuyen a que se refuercen las capacidades de gestión de las autoridades y a la construcción y afianzamiento del Estado donde éste se encuentre incipiente. La empresa privada no debiera reemplazar al Estado pero tampoco debiera ser impasible ante su debilidad. Un Estado local fuerte, eficiente, organizado, sensible y al servicio de la población es la mejor garantía de gobernabilidad y, por ende, de beneficio para el inversionista privado.

Respecto al patrimonio ambiental, el inversionista privado debiera en la lógica de visión de país y de proyecto nacional con desarrollo sostenible, ser parte del desafío de aportar en una diversificación de opciones que no se limiten a la tradicional extracción de recursos no renovables o renovables. La riqueza del país permite la mayor creatividad en las inversiones de todo tipo (en bienes y servicios) y al gusto de los diversos estamentos, siempre respetando un marco jurídico basado en el bienestar y los derechos de la gente. En muchos casos las riquezas del subsuelo o del vuelo no son las únicas que existen, más aun si las comparamos con los beneficios que pudieran obtenerse en el tiempo si se mantienen intactas y las aprovechamos con otros fines (turismo por ejemplo). Debemos rescatar el concepto y las experiencias de las cuentas ambientales

Es todo por ahora y esperamos contribuir a retomar este debate en un sentido constructivo, pro activo y con resultados efectivos para hacer del desarrollo sostenible la base de nuestro progreso y bienestar permanente.


Enero 2008