De: Alfredo Quintanilla - elquintus2003@yahoo.com
Fecha: Dom, 20 de Ene, 2008 8:06 am
Asunto: ¿Ya llega el futuro diferente?
¿Llega el futuro diferente?
En la coyuntura que se ha abierto con la ratificación del Tratado de Libre Comercio por parte del Congreso de los Estados Unidos, en medio del monopolio de las voces optimistas de quienes ven los dorados frutos de los negocios futuros como representantes de firmas norteamericanas, los peruanos poco hubiéramos discutido sobre lo que le espera al campo si no fuera porque se dieron a conocer sendos artículos de Alan García Pérez en un diario que, ha lanzado junto con epítetos, propuestas para dejar atrás la pobreza.
Aparecen ya muy lejanos y diminutos los temores de que la industria láctea nacional o los esfuerzos de nuestros ganaderos y aún de los granjeros avícolas, por no decir de los algodoneros y maiceros, resulten arrasados por los bajos precios de los productos importados americanos que vienen subsidiados, con la secuela de desempleo masivo que no podrá compensar una agricultura agroexportadora costeña crecientemente tecnificada y mecanizada. El optimismo es la voz. No importa que las minúsculas compensaciones no lleguen a la inmensa mayoría de los afectados.
Sin embargo, más allá de reacciones hepáticas, la lectura cuidadosa de “El síndrome del perro del hortelano” sólo tendría repercusiones ideológicas de no ser porque su autor está al mando de la administración del Estado que debe adecuar las normas legales nacionales a las exigencias de dicho tratado, en el que ha propuesto cosas tales como:
- Vender latifundios de hasta 20 mil hectáreas de la Amazonía para la explotación maderera, puesto que según el autor, el sistema de concesiones no funciona.
- Impulsar la mediana propiedad en la agricultura, en desmedro del minifundio puesto que en este modelo, el minifundista pide al Estado “para fertilizantes, semillas, tecnología de riego y precios protegidos”.
- Vender grandes lotes de las “tierras ociosas” de las Comunidades Campesinas con tan solo la aprobación de la mitad más uno de los que asistan a una asamblea para tal efecto.
- Vender en pública subasta las áreas agrícolas o terrenos eriazos que el Estado no utiliza.
- Una ley para permitir la inversión privada en irrigaciones cuyo costo sea pagado con la venta de las tierras irrigadas o del agua, pues “como el agua... se vende... a un centavo de sol por metro cúbico, se utiliza mal...”
Pareciera que, la aplicación de estas medidas, más que cambiar la configuración social del medio rural en el Perú, lo que ocasionará será una profunda conmoción y el estallido de conflictos de consecuencias inconmensurables.
Hay aquí un problema de equivocada percepción de los problemas del campo, de nuestra historia y un diagnóstico errado sobre los orígenes de la miseria rural. Tal parece que es un esquema mental racionalista que ubica al mediano propietario –a la manera del farmer norteamericano, o del parcelero francés- como el agricultor del futuro, sin minifundistas, sin comunidades campesinas, con minas por doquier y en la selva, la lotización entre madereros y petroleros, el que preside la propuesta presidencial.
Para comenzar, nuestra selva no es un conjunto de tierras ociosas, un bosque homogéneo, ni tierra de nadie. Por el contrario, es el pulmón del mundo; es un bosque heterogéneo, distinto de los bosques de coníferas del sur de Chile; y es propiedad de las comunidades nativas que ocupan la Amazonía desde antes de la existencia de nuestros estados, aunque éstos a duras penas lo reconozcan. Este bosque tan vasto y rico, donde los árboles de una especie no están juntos sino desperdigados en una gran extensión, lo que hace costosa su explotación comercial, es, sin embargo, muy frágil. Y lo es, porque tiene una pulgada de tierra vegetal, de manera que los 8 millones de hectáreas deforestadas están perdidas para siempre porque han sido erosionadas y no tienen su capa de humus. ¿Acaso las empresas transnacionales van a comprar desiertos para reforestarlos, si la tarea es imposible? ¿O es que se pretende entreabrir la puerta legal para que luego se empiece a privatizar un bosque que ahora pertenece a la Humanidad?
En segundo lugar, se habla de tierras ociosas de las Comunidades Campesinas cuando la verdad es que –salvo en los casos de despoblamiento agudo- en la Sierra se aprovecha al máximo las escasísimas tierras de vocación agrícola. Los comuneros del valle del Mantaro, del Santa o del Urubamba, sin inversión de grandes empresas, tienen una alta productividad que los ha convertido en exportadores, mientras que en otras zonas se viene adaptando progresivamente la tecnología más avanzada de riego como lo muestra la experiencia de los yachachiq cusqueños. Ni las tierras, ni menos los comuneros serranos están ociosos. Tampoco lo están “sus cerros” dedicados a los pastos de altura en donde, aunque se quiera, no se pueda plantar lo que uno desee sino lo que las condiciones climáticas permitan.
¿Podría mejorar la producción y la productividad en las tierras comunales con el aporte de las empresas privadas? ¡Por supuesto! Asociando las empresas privadas modernas y eficientes a las Comunidades Campesinas tradicionales, poseedoras no sólo de tierras sino de una capacidad de producción agrícola que es base de una gastronomía única en el mundo, como ya empieza a reconocerse. Y eso ya los hacen algunos vanguardistas desde los años 80, cuando un empresario del norte chico como el señor Sacio - que enfrentó a Velasco en tiempos de la Reforma Agraria -, se hizo comunero en las alturas del valle de Huaral para cultivar y exportar frutas; o lo que está haciendo el Grupo Añaños para dotar de plantones de frutas a las comunidades y asegurarles una compra segura destinada a sus fábricas de jugos envasados. En lugar de dividir a las Comunidades creando enfrentamientos intestinos a la hora de decidir vender sus tierras a extraños, debiera propenderse más bien a convertirlas en socias -que aportan propiedad de tierras y mano de obra- de empresas que aporten capital y gestión, de manera que los beneficios se distribuyan en forma permanente y autosostenida.
Se puede estimular la mediana propiedad fomentando inversiones en nuevas irrigaciones, pero no a costa del minifundio serrano cuya improductividad proviene de la miseria y ésta a su vez de la falta de capacidades de los campesinos, de los salarios urbanos comprimidos y de la falta de visión para hacer crecer el mercado hacia adentro, de manera que mejoren los precios agrícolas para dar alguna rentabilidad a la producción. ¿Alguien cree que será posible hacer crecer la mediana propiedad agrícola en los valles serranos a costa del minifundio, convirtiendo en obreros agrícolas a los minifundistas desplazados? Esa sí sería una ilusión ya no del siglo XIX si no del XVIII. ¿No es mejor atender la propuesta Acurio y encadenar la producción minifundaria tradicional a la exportación de ingredientes de la gastronomía nacional y a la agroindustria de salsas y pastas?
Y en cuanto a la difícil relación entre Comunidades Campesinas y gran minería, resulta positivo que el presidente decida poner en marcha el Ministerio del Medio Ambiente como un reconocimiento de que el Estado debe ser estricto para exigir tecnologías limpias a las inversiones mineras y para “negociar mayor participación económica y laboral para los departamentos donde estén las minas”. Esto debe empezar por incrementar los montos que pagan las empresas por las servidumbres, aunque no sea posible, como en Estados Unidos, reconocer también su derecho a la propiedad del subsuelo. Y continuar con la senda trazada por las empresas Billiton HP en Espinar y Xtrata en Apurímac que han ido más allá del respeto a los parámetros ambientales, malgrado de espíritus intransigentes que provocaron y querrán provocar enfrentamientos inútiles.
Respecto del agua, el afán privatizador no ha reparado en que por el cambio climático tenemos una grave emergencia planetaria que ya se está manifestando entre nosotros en la desaparición de los glaciares andinos. Entonces, antes que promover las concesiones o la entrega de un bien común como es el agua a empresas privadas ya sea para fines de irrigación, consumo, recreación o lo que fuere, el Estado y este gobierno está en la obligación de reorientar el gasto hacia la infraestructura de riego en la Sierra, esto es, para el afianzamiento de las lagunas, la forestación a gran escala en la zona quechua, y la multiplicación de canales y reservorios. De poco valdrá que nos acostumbremos a usar menos agua en el riego si es que ella desaparece abruptamente. Hasta el momento nada se ha hecho al respecto y más bien se ha autorizado a los gobiernos regionales a gastar su dinero en comisarías y patrulleros, cuando la vida misma depende de la cantidad de agua dulce que tengamos.
Algunos de los entusiastas con el TLC y la globalización, proponen abiertamente hacer desaparecer a las Comunidades Campesinas. Eso no es nuevo. Se remonta a los tiempos de Bolívar. Pero Bolívar fracasó, como también fracasó la ofensiva de los gamonales que luego de la guerra con Chile se apropiaron de las mejores tierras comuneras a punta de fusil. Como fracasó el senderismo en su propuesta de colectivismo campesino autárquico. La ignorancia de nuestra historia que mostró el fujimorismo, le llevó a aprobar la ley que permite vender sus tierras eriazas a las Comunidades de la costa que, como sabemos, en el caso de la Comunidad Campesina de Asia, por ejemplo, vendió sus terrenos de playa, y terminó por dispersarse, enriqueciendo a una sola familia. Esa debe ser la “comunidad artificial” a la que se refiere el autor en su artículo. Ya decía Arguedas que los criollos no entienden el espíritu colectivo, gregario y religioso de los comuneros andinos para quienes la tierra no es una cosa de la que fácilmente pueden deshacerse para venderla.
Alfredo Quintanilla Ponce
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