Coyuntura Judicial y Petroaudios - Noviembre 2009 - Peru

De: Fernando O'Phelan : fernandoophelan@yahoo.com.mx
Fecha: Mié, 4 de Nov, 2009 8:54 am
Asunto: Coyuntura Judicial y Petroaudios - Noviembre 2009 - Peru

Agradezco sus comentarios y observaciones



Muchas gracias



CESAR FERNANDO O´PHELAN PEREZ
PRO JUSTICIA.





Situación y tendencias del contexto político y judicial

Octubre - 02 noviembre 2009



Por: Jorge Serrano Torres





Según se desprende de la Encuesta Nacional Urbana realizada por IPSOS APOYO, el 19/10/2009, a un año y medio de las elecciones generales, el alcalde de Lima cuenta con el 22% de preferencia, pero todo indica que aún resulta apresurado confirmar un despunte de Castañeda, ya que entre este potencial candidato y Keiko Fujimori existe una diferencia que está dentro del margen de error estadístico. Al mismo tiempo se debe considerar que esta encuesta no incluye la zona rural donde Castañeda presumiblemente cuente con escaso respaldo. Por ello es factible manifestar que la campaña todavía no ha comenzado, Castañeda está abocado a su gestión y Keiko no se encuentra muy activa políticamente, dentro de una tendencia casi constante donde se aprecia a dos candidatos con un poco más de fuerza, y un tercero como Ollanta Humala, que probablemente se ubique más cerca de los dos primeros de lo que aparentan las mediciones, teniendo en cuenta el tradicional “voto oculto” frente a candidatos señalados por los medios como “políticamente incorrectos” (lo que también se aplicaría a Keiko Fujimori), y el antecedente que entre la población rural, Humala y Keiko tienen más respaldo.



Probables Implicancias para el PJ del “Caso de los Petroaudios” y el “chuponeo”



Las esperadas grandes revelaciones de los “petroaudios” que el PJ investiga respecto de algunas oscuras concesiones de exploración petrolera, han cedido el paso, por ahora, a otra vertiente de sustento investigativo judicial. Esa es la novedad. Y no hay que perderla de vista. Lo que conocemos hasta hoy, a través de los “petroaudios”, representaría apenas el hilo de la madeja, mientras que la reciente sucesión de testimonios en vivo y en directo de acusados, testigos y colaboradores eficaces en la sombra, cobra cada vez más fuerza. Jueces y fiscales parecen encontrar en estas nuevas fuentes historias mucho más ricas y valiosas que las que pensaban descubrir en los materiales de interceptación telefónica.



Y aunque no se pude minimizar el impacto que la justicia pueda provocar en algún momento a partir de audios y correos electrónicos; ya es notorio cómo el testimonio de Jostein Kjaerstad, dueño de Discover Petroleum, difundido mediante Perú. 21 del grupo El Comercio, contribuye a desenredar, más que los “petroaudios” mismos, la intrincada madeja de cabildeos retorcidos y negociaciones entre los personajes involucrados, desde Alberto Químper hasta Fortunato Canaán, pasando por León Alegría, Ernesto Arias Schreiber y César Gutiérrez. Mientras tanto, otras protagonistas como la traductora Lily Lemasters y la ex pareja de César Gutiérrez, Marta Silva, han pasado a constituir, desde sus opuestos testimoniales, fuentes de información y contraste útiles para la investigación judicial. De este modo la nueva faceta de judicialización de los “petroaudios”, da la impresión de que la investigación realmente contundente está por salir a luz del lado de las confesiones que en estos días hacen noticia y que están poniendo a prueba la honestidad y eficiencia de jueces y fiscales, quienes deberán ceñirse a un debido proceso, bajo la atención y expectativa cada vez más creciente de los círculos mediáticos y de la opinión pública.



Un año de deuda pendiente con el Perú



Por lo pronto, la constatación es cruda pero irrebatible: Hace un año explotó el escándalo de los “petroaudios” y los peruanos seguimos sin conocer quiénes están detrás de un esquema de corrupción cuyas ramificaciones rebasan el caso particular de BTR. La verdad es que en el caso de los “petroaudios” los primeros implicados, Léon Alegría y Alberto Quimper, no tienen hasta ahora acusaciones legales firmes y contundentes, aunque éticamente ya fueron descalificados por la opinión pública. Y hoy, con grave escarnio para el Estado de derecho, siguen pulseando para recuperar plena libertad. Ello con sospechosos, pero indudables arrebatos de fuerza, que serían a su vez amenazantes mensajes cifrados para los involucrados que están, al parecer, en diferentes niveles del Estado. Todo sugiere que León y Quimper saben mucho. Pero cuando hablan es a “cuenta gotas” y como mecanismo de negociación bajo la mesa. La estrategia, coordinada con sus cómplices en libertad, parece ser dejar pasar el tiempo, que se diluya el interés de cierta prensa incómoda y de la ciudadanía, efectuar en el entretanto anuncios moralizadores y de cambio para, finalmente -como en la novela “El Gatopardo” de Lampedusa- lograr que todo prosiga igual: seguir conviviendo con y dentro de un sistema corrupto, que unos pocos controlan y del cual medran, mientras la ciudadanía está condenada a soportarlo sin poder hacer nada, por ahora.



Pruebas de ello son la caída de un Gabinete y su reemplazo con compromisos exagerados de lucha contra la corrupción y las iniciativas anticorrupción lanzadas sin apoyo político ni presupuestal. También el encarcelamiento, la libertad provisional y la nueva vuelta a las rejas de León Alegría, todo dentro de un circo mediático sin anclaje sustantivo. A lo que se suma el pedido de la jueza a cargo de BTR para inhibirse del caso y a renglón seguido su confirmación; la resistencia a ampliar los plazos de investigación y tras ello la aceptación de nuevos plazos; la inexplicable e injustificable demora para abrir los discos duros y hasta la falta de entrega de dinero cuando había que pagar simples peritos. A esto se sumó la inicial aceptación de brindar información de la Jueza provisional María Martínez, a la comisión congresal y acto seguido su negativa. Estas idas y venidas, marchas y contramarchas, han configurado la imagen de que tanto el PJ como las comisiones investigadoras del Congreso han tenido actuaciones patéticas, sobre todo la de los “petroaudios”, mientras la otra, de espionaje, demora su informe mes tras mes. Los congresistas investigadores han sido burlados por los principales protagonistas del escándalo. ¿Cómo es posible que, un año después, sigamos desconociendo qué hay en los discos duros de las computadoras? ¿Y cómo es que, mientras tanto, las nuevas evidencias son aportadas (filtradas) por la prensa y no por el examen riguroso de los documentos y testigos en el ámbito judicial?



En lo que se refiere propiamente al caso de espionaje telefónico, la conducta de los jueces y de las comisiones parlamentarias sigue siendo igualmente deslucida y generadora de suspicacias. Lo único que se sabe es que hay seis detenidos, entre ellos varios miembros de la Marina de Guerra, pero las preguntas y respuestas de fondo siguen en el limbo. Situación que se complicó con el reciente enfrentamiento entre los poderes Legislativo y Judicial, a partir de la insistencia de la Comisión Luizar, formada para deslindar las responsabilidades políticas y funcionales en el espionaje telefónico, por conocer el contenido de los audios en poder de la jueza provisional (y por ello “influenciable”) María Martínez, cuyos fueros han sido defendidos, en un tono y escenario melodramáticos, por las más altas autoridades del Poder Judicial.



Y esta sensación subsiste no obstante que la máxima autoridad del PJ enfatiza: “sólo defiendo mis fueros”, y que este proceso judicial avanza a pesar de la voluminosa información existente y dentro de los plazos procesales. Tampoco se borrará de inmediato la sensación, aunque Villa Stein asegure que si durante las investigaciones se encontraran indicios ilícitos que involucren a magistrados u otras personalidades, se remitirán al Ministerio Público o al Consejo Nacional de la Magistratura. Más bien lo que queda como impresión generalizada en la ciudadanía, es una actitud contradictoria: primero una defensa de Villa Stein de los jueces, y luego la renuncia del vocal supremo Roger Ferreira, señalado por los medios como posible involucrado en conversaciones turbias con Quimper.



Si bien después de la confrontación pública entre Villa Stein y la comisión del congresista Oswaldo Luizar, el presidente del PJ se mostró más conciliador en una reunión protocolar con su par del Congreso Alva Castro, las fricciones se mantienen latentes pues Villa Stein insiste en que el PJ va a entregar sólo la parte concerniente a lo que Congreso le ha encargado investigar a la comisión, ya que esta no está facultada para recibir todo lo relativo a esa investigación. Precisando que la comisión investiga a quienes han sido agraviados con este “chuponeo”, y eso es lo que se entregaría, pero no todo lo que está en el PJ, ya que según Villa Stein la comisión Luizar “no es competente para conocer todo”.



Por ejemplo, extrañamente Villa Stein condiciona la entrega de algunos audios y correos electrónicos, eventualmente relacionados con jueces, congresistas, políticos y otros, aduciendo que “tan pronto el material se desclasifique lo pondrá a control de la Fiscalía para que vea qué se entrega…”, con el argumento de que si existen congresistas “chuponeados”, y se envía el material al Congreso éstos se convertirían en juez y parte, obviando que lo mismo se puede decir del PJ. En esa línea, la jueza María Martínez remitió al Fiscal Walter Milla los nuevos audios y correos encontrados en las computadoras de los directivos de BTR, que ya han sido revisados por su despacho. Corresponderá a dicho Fiscal decidir si ese material sirve para iniciar nuevas indagaciones en el área penal o sólo para ampliar la lista de personas víctimas del espionaje de sus comunicaciones personales y agraviadas por BTR. Lo peor es que Villa Stein además anunció que este proceso de entrega vía Fiscalía, podría demorar un par de meses adicionales; es decir, cuando ya se haya iniciado la campaña electoral municipal y regional 2010, con lo cual el tema se convertirá en una potencial “bomba política”, y así el argumento de Villa Stein de evitar la “politización” del material se derrumba. Para muchos analistas lo que se intentaría es ganar tiempo inútilmente, pues no se tiene la certeza de que esto evite las consecuencias y el impacto de una eventual revelación de una verdad muy comprometedora.



Por lo tanto, frente a la mención que hace Villa Stein de André Malraux (para desestimar un posible chuponeo masivo en el Perú): “Si todo el mundo supiese lo que todo el mundo dice de todo el mundo, nadie hablaría de nadie”. Habría que recordarle un referente común en muchos servicios secretos, incluido del Perú: en su novela de 1974, El Topo, John Le Carré, hace decir a uno de sus personajes: “Los servicios secretos son la única expresión real del subconsciente de una nación, la única medida válida de su salud pública”. Frase que sirve para reflexionar acerca de cómo lo cultural y de paso lo político, han influido -para bien y para mal- en las actividades de los servicios secretos en el Perú desde 1960 en que se fundó el ex SIN, hasta la fecha en que algunos (¿o muchos quizá?) de sus integrantes y ex integrantes, espían impunemente a diversos sectores de la sociedad peruana.



¿Se desatará la tormenta perfecta?



Lo concreto y real, es que ni unos ni otros responden desde el PJ y el Congreso: ¿Por qué no se conoce todavía quiénes pagaron por espiar a quién, por qué y para qué? ¿Cuál es el nivel de involucramiento de entidades institucionales (de gobierno) y empresariales (privadas) en prácticas delictivas destinadas a espiar, amedrentar y extorsionar a enemigos políticos, o, del otro lado, a conocer por medios ilícitos, las estrategias de la competencia y tener información privilegiada. El sentido común -que es lo que menos común en ciertos jueces y parlamentarios- indica que no existiría “chuponeo” si no hubiera alguien que encarga y paga por tan intrusiva tarea, que viola derechos humanos fundamentales, como el secreto de las comunicaciones, la privacidad y la intimidad, o incluso diseminando información sensible para la seguridad nacional.



Y, es bueno recordarlo, corresponde al Estado democrático garantizar la vigencia y primacía de estos derechos, y poner todos los medios para ello; algo que es incapaz de hacer pues hasta ahora -después de nueve años- tiene a su sistema nacional de inteligencia en “reconstrucción”. Por todo ello, gran parte de la opinión pública empieza a percibir que la corrupción, por lo que parece, sigue instalada en algunos niveles del Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial. De otro modo no se entiende el impermeable y grueso manto de impunidad que se tiende sobre esta red de corrupción, cuyos principales tentáculos debemos diferenciar: por un lado lo concerniente al tráfico de influencias dentro de la estructura del Estado para favorecer a unas cuantas empresas; y por otro lado, los esquemas mafiosos de espionaje y extorsión.



¿El qué y el cómo, para ocultar quiénes pagaron por “chuponear” a quién y para qué?



¿Será que se busca construir múltiples interrogantes para luego envolverlas tras enigmas que se ocultan en misterios hasta que se pierdan en el tiempo? Quienes así proceden olvidan o desconocen que uno de los métodos usados en el ámbito de los curtidos profesionales (en activo o retiro) de los servicios de inteligencia del Perú y casi todo el mundo, es el “compartimentaje”; es decir, que muchas veces quienes les dan órdenes o encargan “tareas” no le dicen a un grupo que otro distinto está realizando la misma labor en forma simultánea a ellos (por ejemplo el chuponeo de BTR). En consecuencia, es probable que además de las interceptaciones de BTR conocidas por el PJ, el Congreso y la prensa hasta el momento, existan otras desconocidas todavía y ocultas, que pueden revelarse en cualquier momento causando un verdadero terremoto seguido por un “tsunami político” con imprevisibles repercusiones y reacciones en cadena, dejando al descubierto a muchos más implicados y arruinando a sus eventuales encubridores/cómplices.



Claramente, mientras las investigaciones del PJ y la Procuraduría Anticorrupción sobre los “petroaudios” no concluyan y se determine cuál es el nivel de culpabilidad de los actores involucrados, el papel de la prensa independiente y la ciudadanía vigilante, es proseguir la tarea fiscalizadora para presentar a la opinión pública todos aquellos indicios que pueden contribuir al esclarecimiento de un caso de notable interés público. Así lo amerita la gravedad de esta denuncia, sobre la que aún no es posible arribar a una opinión concluyente simplemente porque, como todo indica, los tentáculos de la corrupción que encierra no han sido totalmente esclarecidos. Aunque es obvio que los periodistas no son jueces ni los medios de comunicación tribunales mediáticos habilitados para sancionar a quienes resulten responsables de los delitos que se imputan. La función del periodismo de investigación, es revelar los asuntos que algunos pretenden mantener ocultos, por medio de un trabajo meticuloso y serio, sustentado en fuentes debidamente contrastadas.



Por último y pasando al ámbito externo, no se descarta que en un intento de presionar e influir (como lo hicieron entre el 2001-2006) en el proceder del PJ respecto a procesos sobre Derechos Humanos (DD.HH.), donde estén involucrados agentes del Estado peruano; representantes de ONG de DD.HH., habrían “promovido” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington D.C., la presentación del doctor Javier Villa Stein para que sustente el 3/11/2009, la posición del Estado peruano respecto a casos de DD.HH. que se investigan a nivel judicial en el Perú. Sintomáticamente, en esta cita se abordará espinosos temas como: Debido proceso y legislación antiterrorista en el Perú; situación de los DD.HH. en la Amazonía peruana, donde se analizará los cruentos sucesos de Bagua; criminalización de la protesta social y el juzgamiento de los líderes indígenas. Y como si fuera poco, se abordará el seguimiento de las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en el que se hará una evaluación del compromiso del Estado sobre su ejecución: pago de reparaciones, investigación y sanción de responsables.



La promesa de los juicios justos y expeditivos



Este complejo escenario para el PJ y para la clase política no debe hacer olvidar que el desarrollo requiere de un sistema confiable de resolución de conflictos. El sector privado necesita la confianza que requiere el saber que si una transacción genera un conflicto, habrá una institución que lo resolverá mediante juicios justos y expeditivos. Este principio se aplica no solamente a empresas grandes, sino también a las micro y pequeñas empresas, para las que es mucho más importante. Lamentablemente, en el Perú tenemos un sistema nacional de administración de justicia que nos genera más dolores de cabeza que soluciones. El reciente Boletín N. 71 de Ciudadanos al Día, no ofrece únicamente información preocupante acerca del retraso en la resolución de expedientes, sino que además estima el costo por expediente resuelto para el 2008.



En Lima éste sería de S/.3,306 por expediente, en Loreto de S/.2,688 y en Ancash de S/.1,687, lo cual es inaceptable si se considera que el ingreso promedio mensual en el Perú es de S/.496 mensuales. Estas demoras explican en parte la sobrepoblación en nuestras prisiones, lo que a su vez también trae una serie de problemas. Pero no solamente se demoran en resolver expedientes y lo hacen haciendo uso de excesivos recursos, sino que además su mandato no es predecible. Como se puede ver en el Informe Latinobarómetro 2008, la percepción de la población de corrupción en el Poder Judicial, hace que el Perú sea el país de la región donde la gente cree menos que todos somos iguales ante la ley.



Toda esta evidencia demanda una reforma profunda de nuestro Sistema de Justicia, por ello y ante la ineficiencia del PJ, el documento Resolución de Conflictos de CONFIEP, habla de promover alternativas como el arbitraje y la conciliación. Pero también brinda otras propuestas concretas, como fortalecer la justicia especializada en lo comercial, a través de una mejor capacitación en temas específicos, así como aumentar el presupuesto del PJ vinculándolo a indicadores de gestión.