Lobbistas versus libertad de expresión y recursos naturales.EL E-COCHASKI Nº 21. Notas socioambientales del Perú (y allá). Lima, 19 de julio del 2009.

De: Raúl Chacón - eduardochacon69@gmail.com
Fecha: Dom, 19 de Jul, 2009 4:34 pm
Asunto: Lobbistas versus libertad de expresión y recursos naturales.EL E-COCHASKI Nº 21. Notas socioambientales del Perú (y allá). Lima, 19 de julio del 2009.

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EL E-COCHASKI Nº 21. Notas socioambientales del Perú (y allá). Lima, 19 de julio del 2009.
E-ditorial. Lobbistas versus libertad de expresión y recursos naturales



Anoche se presentó el último libro del sociólogo Manuel Dammert, una investigación sobre el poder lobbista en el Perú de hoy. La presentación hubiera sido un acto académico más, de no ser porque el autor ha sido sentenciado en junio pasado a pagar S/. 30,000 de reparación civil a Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien, siendo flamante presidente del Consejo de Ministros del régimen anterior, le abrió querella en abril del 2006 por Delito de Difamación Agravada a través de la prensa. De no pagarse dicha cantidad, el investigador corre el riesgo de recibir un año de prisión efectiva, si es que se ratifica la sentencia, tras su apelación.



Este caso no tendría mayor importancia de no estar de por medio grandes intereses económicos, que han estado lucrando con el patrimonio nacional y prefieren seguir operando sin mayores “sobresaltos”. Un indicio de su poder es que la sentencia mencionada se produce después de haberse dado en mayo del 2007 una primera sentencia absolutoria. Todo empezó cuando en agosto del 2005, Dammert, en su calidad de asesor de FENTENAPU (Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos), declaró en un programa televisivo muy visto que PPK mantenía vínculos con empresarios chilenos que buscaban controlar el puerto del Callao. Adujo que la idea de los chilenos sería que el puerto nacional no compitiera con el chileno de Mejillones. La respuesta de PPK no pudo ser más expresiva, pues de inmediato declaró a la prensa, perdiendo su habitual calma, que lo dicho por Dammert era “pura basura”. Luego, el investigador añadiría, en otros medios, el involucramiento de PPK en los casos del gas de Camisea y el aeropuerto Jorge Chávez, siempre aportando las pruebas necesarias. Todo lo cual desembocó en la curiosa querella del ministro, solicitando una reparación de un millón de soles y un embargo de los bienes de Dammert. “En pocas ocasiones de nuestra frágil vida republicana, un presidente del Consejo de Ministros en ejercicio, hace gala de su efímero poder político y lo fundamenta para utilizar un recurso judicial de esta naturaleza contra un ciudadano que no tiene otro poder que su verdad y honestidad (…) La querella está planteada para lograr la ‘muerte civil’ del querellado”, expresó por entonces el investigador.



Han pasado casi cuatro años desde el primer enfrentamiento mediático entre PPK y Dammert, pero aún se siguen escuchando los ecos de aquel, aunque la reparación haya perdido unos ceros. Todo lo cual nos deja una clara constatación: El poder no perdona que se expongan sus tejes y manejes abiertamente. Sin embargo, Dammert no deja de seguir revelando cómo los lobbistas proceden para, por ejemplo, apoderarse del gas de Camisea. Anoche demostró que Repsol maneja la política pública del gas peruano, al disponer de todo el gas para exportación, así como de la refinería de La Pampilla, que es la empresa con más utilidades del país. Añadió que Repsol maneja a Pluspetrol, y tiene como socios a Techint y Hunt, siendo el vínculo entre todos precisamente PPK, quien le diseñó a Hunt su política de exportación. Así, concluyó que Repsol y PPK manejan el gas peruano, poniendo en riesgo la seguridad energética del país. Por si fuera poco, reveló que PPK también tiene que ver con el proyecto Trasvase Olmos, a cargo del Grupo Odebrechet (que está a punto de impugnar la adjudicación de la buena pro a la española ACS Servicios para construir y operar la planta de tratamiento de aguas residuales La Taboada) y el Proyecto Vial Interoceánico Perú-Brasil (IRSA sur), a cargo del Consorcio homónimo, siendo uno de sus integrantes también el Grupo Odebrecht. Todo lo cual configura un conflicto de intereses, en un cuadro de crisis de ética pública, poder político y poder económico.



Raúl Chacón Pagán

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