Tecnicos observan proy. Toromocho/CIDH sobre nueve casos de violacion de derechos en zonas mineras

De: Raúl Chacón : eduardochacon69@gmail.com
Fecha: Mar, 16 de Feb, 2010 5:53 am
Asunto: Tecnicos observan proy. Toromocho/CIDH sobre nueve casos de violacion de derechos en zonas mineras


Nota de Prensa
Lima, 15 de febrero de 2010


EQUIPO DE COOPERACCION PRESENTA UN CONJUNTO DE OBSERVACIONES AL EIA DEL PROYECTO TOROMOCHO DE CHINALCO S.A.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Chinalco S.A. para el proyecto Toromocho continúa generando preocupación en la población de Morococha, distrito de la provincia de Yauli (Junín).

A solicitud del Municipio de Morococha, el equipo técnico de CooperAccion ha revisado el EIA del proyecto Toromocho. Entre las observaciones presentadas se señala que se verían afectadas las redes de drenaje de las cuencas de Huascacocha y Rumichaca, así como la flora y fauna de la zona por el emplazamiento directo de la infraestructura del proyecto Toromocho.

Asimismo, se precisa que la ubicación donde se pretende construir los depósitos de relaves es hidromórfica, lo que significa que es un ambiente húmedo, con pantanos, lagos o pozos y constituye todo un ecosistema sustancial para esta región altoandina, por ser una importante reserva de agua. En este sentido, el EIA prevé que la ubicación de dichos depósitos de relaves -que comprenden afloramientos de roca caliza fracturada y permeable-, podrían filtrar contaminación a los subsuelos.

El mismo informe menciona la posible desaparición de la laguna Tunshuruca y los bofedales (reguladores hídricos), además de afectar la calidad del agua del río Rumichaca.

Por otro lado, hasta el momento no se establece un acuerdo entre la población y la empresa minera por el tema de la reubicación, pese a que el EIA da por sentado que el lugar del reasentamiento sería la Hacienda Pucará. En las observaciones hechas por CooperAccion, se destaca que el lugar elegido para el reasentamiento se encuentra actualmente bajo concesión de la empresa minera Volcan, por lo que no existe garantía que en el futuro no se desarrolle un nuevo proyecto minero en la misma zona donde se pretende ubicar a la población.

Por ello, es necesario que estos temas sean tomados en cuenta por el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Chinalco. El equipo técnico de CooperAccion recomienda que el proceso de discusión del EIA del proyecto de Toromocho y el reasentamiento de la localidad, sea realmente participativo y transparente.


CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN

Teléfonos: 4440316-4465385

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Ante Denuncia Contra el Estado Peruano Presentado por CONACAMI
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS INICIA AMPLIACION DE INFORMES SOBRE NUEVE CASOS POR VULNERACION DERECHOS FUNDAMENTALES EN ZONAS MINERAS.

De 15 casos denunciados contra el Estado Peruano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH de la OEA, por violación de derechos fundamentales, individuales y colectivos; como los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal, protección a la honra y dignidad, libertad de asociación, protección a la familia, derechos del niño, a la propiedad, circulación y residencia, derechos políticos, igualdad ante la ley, protección judicial y el desarrollo progresivo de los derechos económicos sociales y culturales, consagrados en los artículos 4, 5, 7, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Secretaria Ejecutiva del CIDH, ha solicitado a los peticionarios (Conacami y comunidades demandantes) información actualizada sobre 09 casos, los que serán admitidos luego de que la comisión estudie y evalúe sobre el tratamiento administrativo, legal y judicial que el Estado Peruano haya otorgado sobre estos, posterior a la presentación de la denuncia realizado el 28 de febrero del 2003.
Los casos sobre los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado información actual son:
P-506-03 Pobladores del Callao en conflicto por los almacenes de metales tóxicos en el puerto.
P-1214-03 Pobladores del Puerto de Huarmey – Ancash en conflicto con Antamina
P-1211-03 Pobladores de Tambogrande – Piura en conflicto Manhattan Minerals Corporation
P-505-03 Comunidad de Choropampa – Cajamarca en conflicto con Minera Yanacocha
P-1216-03 Comunidad de Quishque Tapayrihua – Apurimac en conflicto con Sauther Peru
P-1213-03 Pobladores de la comunidad San Marcos – Ancash en conflicto con Antamina
P-1210-03P-1217-03 Pobladores de la Ciudad de la Oroya en conflicto con Doe Run
P-1210-03 Pobladores de la Comunidad Campesina de Collanac
P-1212-03 Pobladores de la Provincia de Yauli – Junin

La CIDH, anteriormente otorgó medidas cautelares sobre 3 casos denunciados en este mismo bloque. El 17 de agosto de 2004 para proteger la vida y la integridad personal de los miembros de la Comunidad de San Mateo de Huanchor, el 11 de agosto de 2006 fue favorecido con estas medidas Margarita Pérez Anchiraico, Presidenta del Comité de Afectados por la Minería de Mayoc, porque había sido objeto de constantes actos de hostigamiento a causa de su activismo respecto de la situación de la Comunidad de San Mateo de Huanchor. El 31 de agosto de 2007 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 65 moradores de la ciudad de La Oroya, porque los beneficiarios sufren de una serie de afectaciones a la salud a consecuencia de altos índices de contaminación del aire, suelo y agua.
Mario Palacios Panéz
Presidente CONACAMI
Telf: (51) 1 717 5507
Cel: (51) 1 945133452
RPM: #680137

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Alcaldes y presidente regional con un paso a la cárcel


Operativo Cóndor de fiscalización que desplegó la Contraloría en la Región Ancash, apunta a los alcaldes provinciales y distritales de Ancash, donde encontraron ricos hallazgos. Luego de haber presentado el recurso de apelación en contra de la resolución 003-2010, de fecha 8 de enero donde el Segundo Juzgado Mixto de Ancash, suspende las investigaciones que realizaba la Contraloría General de la República en la Región Ancash, el doctor Fuad Khoury Zarzar, formuló ante la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) una queja en contra de Ricardo Alza juez que vio el caso por supuesta inconducta funcional.

Pero el equipo de trabajo presidido por el Controlador General de la República Fuad Khoury Zarzar, también encontró irregularidades en los municipios provinciales y distritales de Ancash, donde sus alcaldes realizaron un festín con el dinero del pueblo, entre ellos se encuentra, el municipio de Pomabamba, con su alcalde vacado, el municipio de Carhuaz por sobre valoración de obras, el municipio de Huari por haber comprado materiales de escritorio en Lima y no en Huari, La municipalidad de Huarmey, Pallasca, quienes han sido denunciados ante la fiscalía provincial, penal especializado de Lima, por los delitos de peculado, colusión y falsedad ideológica.

Entre los municipios distritales, figura el alcalde del distrito de Nuevo Chimbote por sobre valoración de obras al igual que el distrito de San Marcos, en esta última municipalidad las faltas pertenecen a la gestión del fenecido alcalde Félix Solórzano, de igual forma están los distritos de Taricá, cuyo alcalde deberá de explicar la sobre valoración de obras y el mal uso del dinero destinado al programa del vaso de leche, el municipio de Chavín de Huantar con obras sobre valoradas, Huacchis, Cajay, Uco, también por obras sobre valoradas entre otros municipios que ahora están en la mira de la justicia.

Este operativo Cóndor de fiscalización, ha puesto de rodillas a todos estos alcaldes, que en forma irresponsable terminaron por jugarle mal a sus electores y hacer el negocio de sus vidas con el dinero del pueblo, al extremo que muchos de ellos hoy tienen el cinismo de pretender irse a la reelección de sus cargos, junto con el Presidente Regional de Ancash Cesar Álvarez Aguilar, podrían terminar en prisión. Porque no se puede dejar de nombrar las irregularidades encontradas en el Gobierno de la Región Ancash, como son en la ejecución de 4 proyectos de las centenas que pesan contra la gestión de César Álvarez Aguilar, que fueron denunciados por Huaraz Noticias.Com, cuando fueron descubiertos por su equipo de investigación y la ayuda realizada por el sindicato de trabajadores de la sede regional, el abogado Gilmer Asís y la sociedad civil, como la Procuradora Anticorrupción Patricia Gamarra, está última confirmó la sobre valoración de la construcción de la Escuela de Sub oficial de la Policía Nacional en Yungay, cuya denuncia estaba congelada en el Poder Judicial de Ancash y otras denuncias que duermen en la fiscalía Anticorrupción, Ministerio Publico y Poder Judicial de Ancash.

Publicado : Lunes 15 de Febrero de 2010

http://www.huaraznoticias.com/titulares/alcaldes-y-presidente-regional-con-un-paso-a-la-carcel



http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/mirando-el-infierno-desde-el-cielo_56764.html