De: LULA BLANCO - blanco.lula@gmail.com
Fecha: Lun, 15 de Jun, 2009 5:50 pm
Asunto: CARTA ABIERTA DE LA RED PERU FRENTE A LOS RECIENTES SUCESOS EN BAGUA
RED PERU
De Iniciativas de Concertación para el Desarrollo Local
CARTA ABIERTA
Orientada a que sobre la base de la verdad y el respeto intercultural, se fortalezca el diálogo, la comunicación, la negociación y la concertación conformando una política fundamental de nuestro Estado Peruano.
Ante los cruentos acontecimientos ocurridos en Bagua, compartimos con las y los socios, así como en general, las siguientes reflexiones y propuestas:
Lo sucedido, más allá de la voluntad y accionar inmediato de los actores del conflicto evidencia la crisis y baja calidad del sistema político peruano para procesar las diferencias de intereses y transformar los conflictos sociales en función de un pacto social que garantice el necesario equilibrio entre desarrollo económico, sostenibilidad ambiental, equidad e inclusión. Ni la democracia directa ejercida desde las comunidades de base ni la democracia representativa, tan limitada en sus formas actuales, son suficientes para construir consensos entre una pluralidad de actores a fin de afrontar los enormes desafíos y la complejidad del desarrollo peruano.
La Red Perú considera indispensable que se institucionalice y refuercen, complementariamente, los mecanismos de participación y concertación como sustento del sistema político peruano en los tres niveles de gobierno. Así mismo es indispensable construir una democracia intercultural que permita la expansión de capacidades de los pueblos nativos para beneficio de todos los peruanos y peruanas y de los pueblos del mundo.
En torno a los acontecimientos en Bagua consideramos que:
1. Se vulneró el derecho a la consulta y a la comunicación de la población peruana, empezando con las comunidades amazónicas.-
El movimiento indígena peruano, ha venido desde hace un año reclamando contra la dación de diversas leyes que el Ejecutivo aprobó al amparo de las facultades otorgadas por el Congreso para elaborar el marco normativo que facilite la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica.
Dichas normas fueron aprobadas con inusitada rapidez para cumplir con los plazos que tenía el Gobierno Peruano y sin mediar consulta alguna con el conjunto de la ciudadanía y menos aun con los sectores sociales afectados, en este caso particular con las comunidades amazónicas.
La reacción social no se dejó esperar particularmente con algunas leyes - como el DL 1015 - que modificaba sustancialmente las modalidades de consulta de las comunidades campesinas e indígenas para la venta y uso de sus tierras, la misma que fue derogada por la intervención de la Defensoría del Pueblo, que lo calificó como inconstitucional, ante acciones de presión, el año pasado.
2. Persiste la renuencia en reconocer la inconstitucionalidad de las normas promovidas por el Poder Ejecutivo Nacional, que falazmente permiten el desarrollo de la amazonía peruana.-
Posteriormente a este hecho, las organizaciones indígenas y diversas instituciones de la sociedad civil han reiterado la urgente necesidad de la revisión de las normas dictadas, pidiendo la derogatoria de varias de ellas.
La propia Defensoría del Pueblo ha reconocido el derecho a la consulta que tienen los pueblos indígenas, proponiendo una norma al Congreso de la República e interponiendo una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el DL 1064. Expresa que tales normas, vulneran los derechos de identidad cultural, de la propiedad de la tierra y de consulta previa de los pueblos indígenas; además el Poder Ejecutivo ha excedido los límites de la delegación de facultades que le otorgara el Congreso de la República.
3. Son evidentes las débiles capacidades para el diálogo, la comunicación y la concertación por parte de los actores involucrados directamente en la gestión del desarrollo amazónico: gobernantes y líderes de las comunidades originarias no construyen políticas públicas.-
El Gobierno Central en lugar de propiciar adecuadamente mecanismos de diálogo y acercamiento a las comunidades indígenas ha mantenido inalterable un discurso de defensa de las supuestas bondades de las normas. Irresponsablemente, dejó transcurrir más de 50 días de movilizaciones y tomas de carreteras, como mecanismos de lucha que asumieron los pueblos amazónicos, mayormente organizados en AIDESEP. Cabe destacar, sin embargo, que otras organizaciones nativas siguieron un camino distinto al bloqueo de carreteras que tuvo consecuencias de severo desabastecimientos de centros poblados. Es el caso de organizaciones de San Martín que optaron por procesos de lucha distintos, como la denuncia al Tribunal Constitucional.
Lejos de asumir la responsabilidad gubernamental de evaluar las demandas, el gobierno mostró insensibilidad ante ellas y no mostró interés o voluntad en avanzar consensos en una realidad pluricultural. Está pendiente una agenda que considere los puntos de la valoración del otro, primitivismo y modernidad, implicancias del derecho de la consulta previa, desarrollo y progreso para quiénes, las relaciones entre el Perú formal y Perú real.
Las autoridades del Ejecutivo Nacional en lugar de persistir en el camino del diálogo a pesar de la renuencia de parte de los dirigentes nativos, que en parte se explica por la desconfianza a la postergación de los tratamientos de fondo, iniciaron una acción de enfrentar policialmente el bloqueo. Es por todos conocidos el lamentable saldo de muertos entre nativos y miembros de la policía nacional así como el grado de crueldad en estos actos. En el desenlace tiene responsabilidad principal el ministerio del interior y el gobierno en su conjunto. Esta apreciación, no desconoce la cuota de responsabilidad que corresponde a AIDESEP por precipitados anuncios de insurgencia y la falta de flexibilidad para negociar en los espacios de diálogo político.
Lo que ocurrió fue un desenlace fatal. Decenas de policías y pobladores indígenas y urbanos de Bagua muertos y heridos, son el terrible saldo de un enfrentamiento que nunca debió darse y que nos mostró cuán lejos estamos de la CULTURA DEMOCRÁTICA, actuando eficazmente con mecanismos de consulta y de diálogo intercultural.
4. La extraordinaria riqueza de la diversidad peruana no es apreciada como una oportunidad para construir una visión compartida de DESARROLLO NACIONAL y un modelo de buen gobierno democrático, inclusivo e intercultural.-
La diversidad (geográfica, ecológica, cultural, social, económica, política, institucional) en todas las regiones del Perú, incluyendo la amazonía, es una gran oportunidad para el desarrollo nacional. Sin embargo, tanto el Estado peruano como la sociedad civil y los partidos políticos, vienen fallando en la necesidad de construir a través de procesos participativos, una visión compartida de proyecto de país que aprovechando esa diversidad habrá curso al desarrollo nacional democrático, inclusivo e intercultural.
La intención desde el gobierno nacional de imponer un determinado modelo de inversión privada en la amazonía, sin considerar los derechos e intereses de sus comunidades, y otras opciones empresariales, es contrario a este gran objetivo nacional, con el que todos debemos comprometernos.
Nos encontramos ahora ante una situación muy complicada y tensa que nos obliga como Red Perú a resaltar los factores y las estrategias que deberíamos asumir para superar la falta de diálogo, confianza y de consensos en la gestión de la Amazonía:
a) Exigir al Presidente de la República, la más profunda autocrítica por los errores cometidos.- Al aprobar incorrectamente decretos legislativos inconstitucionales que pretenden imponer un modelo económico en el que los beneficios del crecimiento acentúan la desigualdad y en el que no se consideran debidamente los intereses de todos los sectores, favoreciéndose sin el debido control a empresas transnacionales. Mucho más grave todavía: Desconociendo las capacidades endógenas, los derechos, la cultura y la identidad de las comunidades amazónicas y su derecho a emitir su palabra, de acuerdo a los mecanismos efectivo de consulta a la población según lo establecen los acuerdos internacionales como el Convenio 169, suscrito por el Perú. El Presidente de la República, debe tomar conciencia de que su actitud intolerante e insultante de quienes no opinan cómo él en materia de modernización ha sido el sustrato de la soberbia y desprecio cultural con que actúa su gobierno.
b) Renuncia del gabinete ministerial que avaló el deficiente manejo del conflicto.- El gabinete, aunque en un primer momento propuso un camino de diálogo, no fue capaz de llevarlo a cabo, se sometió a los vaivenes de la soberbia presidencial y fue actor de las conocidas “mecidas”, terminando con decisiones de fuerza que no garantizaron debidamente la vida de las personas. Por ello, debe dar un paso al costado - en especial el Primer Ministro y la Ministra del Interior - protagonistas políticos principales.
Valoramos en este marco, la renuncia de la ex Ministra de la Mujer, quien ha demostrado que en política la lealtad siempre debe ser hacia los principios, valores y la verdad.
c) El Congreso de la República tiene también enorme responsabilidad en lo ocurrido, por su incapacidad de desempeñarse en función de un proyecto de país y ejercer oportunamente la función de control legislativo sobre las facultades delegadas.- Y más concretamente por no haber derogado o modificado los decretos legislativos a tiempo, implementando maniobras dilatorias simplemente irresponsables. Los resultados de este conflicto, ponen en cuestión la organización y funcionamiento del sistema político del país. Su profunda reforma sigue siendo una exigencia impostergable.
d) La tragedia del 5 de junio por sus enormes implicancias negativas debe ser profundamente investigada por una comisión nacional especializada, que cuente con credibilidad y confianza. La vida de los policías, de los nativos y de otros pobladores, tiene igual valor, todas las muertes deben preocuparnos. Es no solo indispensable identificar las responsabilidades de diverso tipo (administrativas, políticas y penales) de los involucrados, sino también aprender las lecciones de la experiencia con fines educativos y aplicación de estrategias preventivas en adelante. A las decenas de nativos detenidos se les debe garantizar el debido proceso.
e) Frente a los factores de agudización de la violencia y polarización, restablecer el diálogo y concertación con nuevos espacios, con presencia de la Defensoría del Pueblo, las Iglesias y los Gobiernos Regionales.- Exigimos que se asegure la presencia de las diversas organizaciones representativas de las comunidades y de los Apus.
Corresponde conformar un grupo de trabajo con especialistas y representantes de sectores diversos que debatan a profundidad y esclarezcan la naturaleza de los conflictos existentes. Les pedimos que elaboren serias propuestas al país sobre su carácter pluricultural y multiétnico, sin cuyo reconocimiento y profunda valoración y respeto no podemos construir una visión compartida ni una propuesta nacional concertada de desarrollo.
f) Frente a la suspensión de los decretos legislativos No 1064 y 1090, acelerar su derogatoria y la elaboración de normas que las substituyan de manera concertada con las comunidades amazónicas. Debe aprobarse para este efecto los mecanismos de consulta y de adopción de decisiones que corresponde a las comunidades amazónicas.
g) Frente a las opciones de nuevas inversiones estratégicas en la Amazonía, la compatibilidad de las actividades extractivas con la competitividad, con la integración económica, con la superación de la pobreza, con la conservación del ambiente y la defensa del territorio indígena, es necesario que el Acuerdo Nacional defina una Política de Estado vinculante sobre las industrias extractivas y el desarrollo de la amazonía, que se refleje en el ordenamiento territorial, integración de regiones amazónicas, afirmación de los roles de los gobiernos locales y la formulación de un plan de desarrollo sostenible de la amazonía, elaborado en consenso con las comunidades amazónicas y participación de la sociedad civil. Demandamos a los partidos y movimientos políticos que se pronuncien al respecto. Ante la gravedad de la situación, esperamos que la Secretaria Técnica del Acuerdo Nacional y los diversos integrantes de este espacio, tomen las iniciativas del caso.
h) Desde los propósitos que animan a la Red Perú consideramos que es fundamental, la construcción de un desarrollo no sólo competitivo sino inclusivo, equitativo y sostenible.- Manifestamos la necesidad de una nación integradora y cohesionada, con sustento intercultural Asimismo, la urgencia de un ESTADO UNITARIO Y DESCENTRALISTA, que refuerce las múltiples expresiones de democracia participativa, como una vía de enriquecer y mejorar la calidad de la democracia en el Perú. Ha quedado demostrada una vez más que la democracia representativa es necesaria pero absolutamente insuficiente. Hoy más que nunca el dialogo es urgente.
i) La evaluación y sobre todo, la identificación de las enseñanzas de estos lamentables sucesos, deben contribuir para que los peruanos y peruanas, respondamos con claridad qué tipo de gobernantes necesitamos elegir a nivel local, regional y nacional.
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
COORDINADORES(AS) DE COMISIONES TEMATICAS
Lima, 14 de junio 2009
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