GOBIERNO DE FACTO VIOLA DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS

De: Carla Gi. Jiménez Peña:buenivento@hotmail.com
Enviado el: Jueves, 13 de Agosto de 2009 11:55 a.m.
Asunto: GOBIERNO DE FACTO VIOLA DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS



GOBIERNO DE FACTO VIOLA DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS



Misión internacional de observación sobre la situación de los

derechos humanos en Honduras



Resumen Ejecutivo del Informe Final

7 de agosto de 2009





Tras del golpe de estado del 28 de junio de 2009 que alteró drásticamente el orden constitucional del país, se presenta en Honduras una grave situación de derechos humanos y de restricciones a las libertades democráticas. Son evidentes las dificultades y obstáculos para el acceso a la justicia y se limita drásticamente la libertad de prensa. En el informe se realiza una descripción de los resultados de la Misión internacional de observación sobre la situación de los derechos humanos que permaneció en Honduras desde el 17 hasta el 26 de julio.



Honduras es un país con altos índices de violencia y con antecedentes graves sobre violaciones a los derechos humanos de la población. Sin embargo, la Misión internacional desea aclarar que los hechos que han sido relatados en este informe son violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos cuya ocurrencia se encuentra vinculada al golpe de Estado. Algunas de las violaciones tienen como origen la aplicación de normas abiertamente contrarias a los compromisos internacionales de protección de derechos humanos, la militarización de funciones de seguridad e instituciones estatales, los abusos por parte de fuerzas de seguridad y la falta de respuesta de los mecanismos de garantía del Estado.



Una de las conclusiones fundamentales de la visita consiste en determinar que tanto el Decreto No. 11-2009, que establece restricciones a una amplia gama de derechos fundamentales incluyendo la libertad personal, la movilidad y otros, así como su aplicación, contrarían las obligaciones internacionales del Estado en la materia. Los vicios identificados en el Decreto 11-2009 hacen ilegítimas las medidas adoptadas con fundamento en el mismo, como por ejemplo, las más de dos mil detenciones arbitrarias por toque de queda, y las restricciones a la libertad de movilización en las carreteras.



Otro de los hallazgos fundamentales consiste en establecer la desprotección de numerosos afectados por las graves violaciones perpetradas en su contra. Esta situación surge ante la respuesta inadecuada de las instituciones que son responsables de velar por la garantía de los derechos fundamentales de los y las hondureñas. Ello es evidenciado en la manifiesta falta de diligencia de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, así como en la inoperancia de la Corte Suprema para decidir sobre la legalidad del decreto de suspensión de garantías y otros amparos sobre violaciones a derechos fundamentales ocurridas con ocasión del golpe, y la negligencia del Comisionado Nacional de Derechos Humanos para actuar según su mandato.



Hemos constatado serias limitaciones a la libertad de expresión y hostigamientos destinados a restringir la circulación de información que critique al régimen de facto. A su vez, una parte de los medios masivos de comunicación del país tiene una actitud irrespetuosa hacia la pluralidad de ideas. En ocasiones, estos medios han hecho eco de posiciones abiertamente represivas e incitadoras de la violencia contra los partidarios del gobierno depuesto. Constatamos en este sentido una polarización de la sociedad, incitada desde los medios de comunicación favorables a los golpistas, con algunos elementos de propaganda propia de la Guerra Fría y, con énfasis en ligar las movilizaciones sociales al terrorismo internacional o al crimen organizado, al igual que a varios de los miembros del gobierno depuesto.



La Misión concluye que lo que está en juego es mucho más que una simple lucha política para restablecer un orden legal y permitir a un presidente legítimo regresar al poder. Se trata de una conflictividad social no resuelta, de la que forman parte una élite económica que usurpó el poder en forma antidemocrática, aliada con el Ejército, y diversos sectores que reclaman un nuevo orden institucional y social que implicaría mayores espacios de participación ciudadana. Es por eso que la represión se manifiesta en particular contra los líderes campesinos, ambientalistas, indígenas, afrodescendientes, mujeres que se movilizan por sus derechos y, contra los dirigentes sindicales.



La Misión constata además que el disfuncionamiento institucional, comienza por la ausencia de controles autónomos de los órganos de poder, la excesiva politización del Poder Judicial, la falta de un fuero mínimo de protección a la máxima autoridad del Estado, la definición de tipos penales ambiguos como la «traición a la patria » o la ausencia de sanción penal ante la deportación de personas hondureñas que está constitucionalmente prohibida; y obliga a cambios profundos en la estructura del Estado, para asegurar que primen el interés general, el bienestar colectivo, el pleno respeto de los derechos humanos y, la paz social.



Frente al proceso electoral que habría de conducir a la elección de un nuevo presidente en el mes de noviembre, y si se mantienen las condiciones actuales, la Misión considera que el derecho a la participación política está viciado por el golpe de Estado. Por tanto si dicho proceso continúa y se realiza bajo el gobierno de facto, el resultado de dichas elecciones sería igualmente ilegítimo, y no debería ser reconocido por la comunidad internacional, como lo ha establecido la Organización de Estados Americanos (OEA).



La Misión ha advertido igualmente durante sus entrevistas con diferentes autoridades del Estado, que se podría estar constituyendo el crimen de persecución política, de competencia de la Corte Penal Internacional, por la represión desatada de manera sistemática contra todos los simpatizantes del gobierno del Presidente depuesto José Manuel Zelaya.



Quisiéramos destacar el papel que han jugado y siguen jugando en esta coyuntura numerosos defensores y defensoras de derechos humanos, quienes a pesar de la adversidad, la falta de recursos y los riesgos a su integridad y su vida, han levantado su voz para denunciar los abusos, proteger a las víctimas y defender la institucionalidad democrática.



Finalmente, la Misión muestra su perplejidad por la actitud en apoyo al golpe de Estado mantenida por la alta jerarquía católica hondureña y representantes de algunas iglesias evangélicas, y su implicación activa en la organización de las movilizaciones de respaldo a éste convocadas por el régimen de facto.



RECOMENDACIONES



I. A la comunidad internacional de Estados



1- Implementar todas las medidas necesarias para contribuir a garantizar el goce y disfrute de los derechos humanos de la población hondureña;

2- Mantener una posición firme de condena al golpe de Estado, exigiendo la restitución del Presidente Zelaya y el restablecimiento del orden constitucional;

3- Mantener la suspensión de las relaciones diplomáticas con el régimen de facto, así como de cualquier apoyo económico o financiero dirigido a las instituciones del Estado involucradas en el golpe;

4- Desconocer los resultados de elecciones convocadas por el gobierno de facto, tal y como fue expresado por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, así como desconocer cualquier decisión adoptada por dicho gobierno.



Ø Sobre las relaciones bilaterales con Honduras



5- Las embajadas presentes en el país deben continuar y reforzar las medidas apropiadas para contribuir a la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y activistas de la sociedad civil, entre otras, mediante:

o Visitas a las oficinas de personas y organizaciones en riesgo

o Invitaciones e intercambios constantes con las mismas

o Apoyo logístico que sea pertinente para su seguridad

o Implementación de un sistema de alerta y emergencia de acceso inmediato para personas en riesgo

o Abrir conjuntamente con ONG internacionales un apoyo adicional para la sociedad civil hondureña, para reforzar su capacidad de proteger y monitorear DDHH. En particular, es necesario aumentar los recursos humanos y financieros que atiendan las necesidades en el interior del país.

6- La cooperación internacional debe mantener la suspensión de apoyo presupuestario y de programas a instituciones del Estado involucradas en el golpe, manteniendo la ayuda humanitaria, la cooperación con los municipios y con las organizaciones de la sociedad civil hondureña.

7- Los Estados deben tomar medidas contra los principales responsables del golpe, sean civiles, militares o religiosos, tales como la restricción de otorgar visas, prohibirle la entrada a terceros países y el congelamiento de sus cuentas bancarias en el exterior.



Ø Sobre las relaciones entre Unión Europea y Honduras



8- Deben aplicarse las medidas siguientes:

o La cláusula democrática contemplada en el art. 1 del Acuerdo Marco de Cooperación entre la Unión Europa y Centroamérica del 1993, que faculta la suspensión de la cooperación en caso de grave quebrantamiento del orden constitucional.

o Abstención de relaciones diplomáticas a nivel de viceministros del gobierno ilegítimo, como también con los representantes diplomáticos hondureños en la Unión Europea que apoyan al gobierno de facto. Definir su expulsión inmediata de territorio europeo.

o Suspensión, más allá del apoyo presupuestario, de todos los programas dirigidos a solventar las instituciones del Estado que han estado involucradas en el golpe.

o Mantener la decisión de suspender las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central hasta que se restituya el orden constitucional en Honduras.

o Suspensión de Honduras del Sistema General de Preferencias (SGP plus) de la Unión Europea, en aplicación de las 27 convenciones de derechos humanos, medio ambiente y gobernabilidad democrática que deben cumplir aquellos Estados que quieren acceder con sus productos libres de aranceles al territorio europeo.

o Contribuir a la implementación de las líneas directrices de la Unión Europea para la protección de defensores de derechos humanos.



II. A los órganos y organismos internacionales



9- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en Honduras y emitiendo recomendaciones para proteger a la población, en este sentido urgen las siguientes acciones:

o Seguir otorgando medidas cautelares para proteger a las personas en riesgo

o Realizar a la brevedad la visita in situ al país y emitir un informe con las recomendaciones que estime convenientes.

10- El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas debe pronunciarse en contra del golpe de Estado en Honduras, respaldar las medidas tomadas por la OEA y, adicionalmente debe tomar las medidas indispensables que contribuyan al restablecimiento del orden constitucional como podría ser ordenar sanciones económicas y, establecer un plazo perentorio para que se restablezcan en sus cargos a las autoridades democráticamente elegidas.

11- El sistema de protección de Derechos Humanos de la ONU debe activar los mecanismos apropiados para abordar la situación de derechos humanos en Honduras, en particular considerar la pertinencia de:

o Adoptar una resolución a nivel del Consejo de Derechos Humanos;

o Establecer una oficina permanente del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras;

o Realizar visitas de verificación de las relatorías especiales competentes en materia de libertad de expresión, defensores y defensoras de derechos humanos e independencia de los jueces y abogados, así como del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, del Relator sobre ejecuciones extrajudiciales y del Sub Comité contra la Tortura.

12- La Corte Penal Internacional debe actuar preventivamente. Por ello solicitamos al Fiscal General de la Corte Penal Internacional iniciar las posibles diligencias conducentes a una investigación penal conforme a la disposición del art. 7, numeral h) del Estatuto de Roma que contempla la competencia para conocer el crimen de persecución política.



III. A las autoridades y sociedad civil hondureña



13-A la Fiscalía Especial de Derechos Humanos actuar con mayor diligencia en la defensa de los derechos humanos de la población hondureña y, demandar cooperación de emergencia de la comunidad internacional para poder desarrollar con mayor eficacia su labor.

14-Ramón Custodio, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, debe renunciar, o bien, el Congreso debe destituirlo y nombrar una persona que no haya estado comprometida con el golpe de Estado y, que goce de reconocimiento en la defensa de los derechos humanos.

15- Las autoridades judiciales competentes deben declarar inconstitucional el Decreto No. 11-2009.

16- A las autoridades que deben investigar penal y disciplinariamente las violaciones a los derechos humanos cometidas o auspiciadas por el gobierno de facto, que cumplan con su deber constitucional y legal, so pena que ellas mismas tengan que responder por denegación de justicia.

17- A las fuerzas sociales hondureñas que se oponen al golpe de Estado y, al Presidente José Manuel Zelaya, para que la resistencia continúe siendo en forma pacífica.

18- A los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales de Honduras para que cumplan con su deber de defender el orden constitucional; tengan claro que tienen un derecho de no obedecer órdenes que comporten una violación de los derechos humanos; y que tienen una responsabilidad personal por las consecuencias del uso indiscriminado y/o abusivo de la fuerza.

19- A las fuerzas políticas y a la sociedad civil en general, para que se convoque un diálogo nacional que contribuya a un nuevo orden institucional, económico y social que asegure la paz social, el Estado Social de Derecho y el pleno e integral respeto de los derechos humanos.

Las personas que conformaron la misión lo hicieron en representación de las siguientes organizaciones y redes de derechos humanos: Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA), FIAN Internacional, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia), Suedwind-Austria, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeon Cañas (IDHUCA-El Salvador), Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH), Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África (IEPALA-España), Federación de Asociaciones de defensa y promoción de los Derechos Humanos (España), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Solidaridad Mundial (Bélgica), IBIS (Dinamarca), Alianza Social Continental, Enlazando Alternativas, y Centro de Estudios Tricontinental (Louvaina – La Nueva).