sábado, 19 de julio de 2008

Diana Avila: La Cantuta, Perú en la lucha contra la impunidad

De: joo cesar - jocajoo1@yahoo.es
Fecha: Vie, 18 de Jul, 2008 8:32 pm
Asunto: Diana Avila: La Cantuta, Perú en la lucha contra la impunidad

Diálogo Sudamericano



La Cantuta, Perú en la lucha contra la impunidad





&; nbsp; Diana Avila

18 de Julio del 2008





El 18 de Julio de 1992 un Destacamento del Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano secuestró y asesinó a nueve estudiantes, dos de ellos mujeres y 7 hombres y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.



Contaron para este crimen con el apoyo de la Base Militar que en ese momento existía al interior de la Universidad y se desplazaron en vehículos oficiales. Los asesinos, para ocultar su crimen enterraron los cadáveres que luego por órdenes de sus superiores fueron desenterrados y trasladados a otro lugar de entierro en Huachipa, donde fueron quemados los restos.



Este caso, que por el esfuerzo de los familiares de las víctimas, de un buen número de personas defensoras de los derechos humanos, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y principalmente de la Asociación Pro Derechos Humanos - APRODEH, ha llevado a los tribunales a los perpetradores. La Sala Penal Anticorrupción condenó a los asesinos, "Grupo Colina". El presidente de entonces, Alberto Fujimori, hoy día está siendo procesado por su responsablidad en ese crimen y en el de Barrios Altos.



Quisiera destacar algunos elementos vinculados a estos hechos. El Perú, inició lo que ahora, después del 11 de setiembre del 2001 conocemos en el mundo como "la guerra contra el terror", muchos años antes. Se perseguía, se asediaba, se desaparecía, se torturaba, se violaba, a niño/as, jóvenes, hombres, mujeres y anciano/as. Las atrocidades cometidas por Sendero Luminoso, los secuestros y ejecuciones del MRTA, la respuesta del Estado, durante sucesivos gobiernos, Belaúnde, García Pérez y Fujimori, violatoria de los derechos humanos y responsable de masacres de miles de campesinos y campesinas, estudiantes, profesores, periodistas… los operativos de inteligencia dictados desde el SIN por Vladimiro Montesinos, ahora preso, llevaron a que la defensa de los derechos humanos se convirtiera para la prensa comprada con el dinero de la corrupción, como la "defensa de los terroristas". El presidente Belaúnde botaba los Informes de Amnistía Internacional al tacho de la basura, García, hace no muchas semanas acusaba a Francisco Soberón y a Aprodeh de "traición a la patria".



El crimen de la Cantuta, el crimen de Barios Altos, y muchísimos otros, donde si la masacre tenía lugar en "zonas rojas" calificadas así por el Ejército o el SIN, las víctimas, las poblaciones no tenían derechos, ni a la vida, ni siquiera a recuperar los cadáveres de sus familiares. La tortura, la persecución a los y las familiares de los y las detenidos/as se hicieron normales en el país y muy pocas voces de denuncia se alzaron, casi nadie protestaba. En el proceso a Fujimori, es evidente como su defensa pretende siempre excusar el crimen invocando que las víctimas eran "terroristas". Es decir que estuvo bien que se les asesinara.



En esta línea vale recordar que cuando estos familiares heroicos, Gisela, Raida Cóndor y su hija Carmen, Fedor Muñoz, hermano del profesor comenzaron a denunciar el hecho de la Cantuta, a buscar, a reclamar por sus familiares, a pedir Justicia y llegaron a APRODEH, gran parte de la comunidad de derechos humanos, con miedo a ser "vinculadas al terrorismo" recomendaban no tomar ese caso, ya que siempre los gobiernos acusaron a las víctimas de ser "terroristas", hecho negado por sus familiares. Eran tiempos difíciles, afortunadamente APRODEH tomó la decisión correcta de asumir esa lucha, al principio muy solo, y acompañar a los familiares de La Cantuta.



Han sido dieciséis años de lucha desigual y hoy día esos familiares que han luchado por la memoria de sus seres queridos, que han sido insultados, acusados de "terroristas", atacados, amenazados y perseguidos, aún hasta hace unos meses en el juicio a Fujimori, han logrado imprimir una página importantísima para el Perú en la lucha por la defensa de los derechos humanos y contra la impunidad.



Vale decir que avanzamos, que los tiempos han cambiado, pero no tanto, todavía nos queda mucho por hacer. Si no, recordemos que la masacre de Putis [1](1984), en Ayacucho, cometida por miembros del Ejército, cuyos restos, que incluyen mujeres y niños/as, están siendo exhumados en las últimas semanas, no ocupa las primeras planas, ni la atención del país. El Ejército sigue sientiéndose agraviado cuando se dice que Putis, como tantas otras masacres, fue obra del Ejército Peruano. Se siente agraviado, no porque sus miembros cometieron tales atrocidades sino porque se les menciona como autores de la masacre. Todavía el Ejército Peruano, salvo pocas excepciones como el General Robles, prefiere el silencio, el encubrimiento. Así, es difícil avanzar a reconstruir al país, la frágil democracia sufre cada frase, con su economía en crecimiento, con las familias de las víctimas, en su mayoría campesinos/as, quechuahablantes, excluidos/as. Así, es difícil pensar en que algún día el Perú estará reconciliado.



Hay presos de distintos niveles. El ex presidente Fujimori, que ya tiene una condena y está siendo procesado ahora por crímenes de lesa humanidad, goza de todos los privilegios posibles, visitas, con la complicidad del gobierno y la Policía a la hora que quiere, médicos privados, amigos y amigas, comida especial. Los dirigentes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, están en una prisión militar, la Base Naval, ya casi quince años, con la única visita de sus madres y hermanos/as si lo/as tienen. No importa si han hecho público su pedido de perdón al país, si tienen ya condena definitiva a 35 años, si la sentencia dice que deberán estar en una prisión administrada por el Instituto Nacional Penitenciario. A los corruptos, traficantes de armas, a los que roban millones se les da arresto domiciliario. Al que roba por hambre se le tortura, se le encierra.



Esta fecha, el momento de reflexión que nos toca hacer al acompañar a los familiares de la Cantuta esta tarde en la Plaza Francia en el Velatorio de sus seres queridos, debe llevarnos a pensar en las 70,000 víctimas del conflicto armado interno que claman por justicia y reparación. Nos debe convencer y comprometer una vez más a seguir luchando contra la impunidad. Sin verdad, sin justicia, no avanzaremos a construir el país que queremos.









18-07-08



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[1] Según el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en 1984 fueron ejecutados por el Ejercito Peruano no menos de 123 personas de Cayrapampa,Vizcatampata, Orccohuasi y Putis, distrito de Santillana, Huanta luego de obligarlos a cavar su propia fosa

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